Más de 70.000 asesores se plantan ante Escrivá por la «chapuza» de la administración electrónica
Cuatro años después del estallido de la pandemia, más de 70.000 profesionales de asesorías y gestorías siguen inmersos en una pesadilla burocrática de continuos cambios regulatorios, rectificaciones, errores informáticos y notificaciones continuas que se producen en cualquier momento, sin respetar no solo el derecho a la desconexión digital, sino a disponer de fines de semana ni vacaciones. Denuncian que la causa es la «chapuza» de la administración electrónica española que ha llevado a organismos públicos, como la Seguridad Social y Hacienda, a ‘endosarles’ una ingente cantidad de tareas que sus propios funcionarios no son capaces de asumir.
Para ello, la administración les considera «colaboradores» externos que gestionan toda la información de sus clientes en su nombre. Algo muy habitual en un país como España con un alto peso de pequeñas empresas que externalizan estos trámites en gestores externos, principalmente graduados sociales.
Estos asesores componen un colectivo heterogéneo de conformada por graduados sociales, abogados, economistas, contables y gestores administrativos que ayudan a las empresas a desarrollar todos sus trámites con las administraciones, desde la elaboración de nóminas al pago de cotizaciones e impuestos. Estos profesionales, en su mayoría también trabajadores independientes que prestan servicios a autónomos y pequeñas empresas, afirman que la situación ha provocado una carga de trabajo inasumible y «no retribuida».
No se sienten respaldados por patronales ni sindicatos, ni siquiera por los colegios profesionales, lo que les han llevado a empezar a organizarse por otras vías, aprovechando redes sociales y canales como WhatsApp. Aunque una huelga sería, por ahora, la última opción para estos profesionales, ante la falta de respuesta en estos cuatro años, quieren aprovechar la fecha del próximo 14 de marzo, aniversario de la declaración del Estado de Alarma, para remitir sus demandas a Gobierno, empresas e interlocutores sociales. En función de la respuesta que obtengan, decidirán los próximos pasos, en los que no descartan incluso convocar una futura huelga, según apuntan diversas fuentes del colectivo.
Un choque con Escrivá en el centro
Los pioneros en esta ‘rebelión’ son los 25.000 son graduados sociales que trabajan en gestiones laborales. Fueron los primeros, hace más de un año, en denunciar su situación públicamente. Entonces señalaron al entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por el caos en los trámites dependientes de su organismo. En su momento, hablaron claramente de una situación de «esclavitud digital».
Casi doce meses después, Escrivá es el ministro para la Transición Digital y la Función Pública y máximo responsable de la digitalización de la administración española. Eso le coloca de nuevo en el centro de un malestar que se ha ampliado al conjunto de los profesionales que tienen la consideración de «colaboradores» con organismos tan relevantes como la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o el Servicio Público de Empleo Estatal. Los asesores no dudan de calificar de «chapuza» la digitalización de estos organismos.
Un desastre que, sin embargo, no arranca con el actual Gobierno. Deriva de un proceso de supuesta modernización de las administraciones que no ha sido capaz de flexibilizar unas gestiones que siguen lastrados por una burocracia que consideran impropia del siglo XXI. Sin embargo, la situación estalla definitivamente con la pandemia en marzo de 2020, cuando junto a la declaración del Estado de Alarma y los confinamientos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó una batería sin precedentes de medida para ayudar a las empresas y salvar el mayor número posible de empleos.
Desde ERTEs a bonificaciones en las cotizaciones y rebajas de prestaciones, esto se tradujo en una avalancha de trámites y gestiones que superó con creces las capacidades de organismos como los servicios públicos de empleo o las oficinas de la Seguridad Social. Que además tuvieran que hacerse de forma no presencial supuso un problema adicional para las empresas, que se encontraron con formularios casi «incomprensibles». Eso cuando no se producían errores informáticos.
En este excepcional y caótico escenario, el papel de los asesores fue clave para apoyar a sus clientes, pero también a las propias administraciones con las que colaboraban, desarrollando tareas que, no obstante, eran muy conscientes de que correspondían a los funcionarios. Aunque supusiera tener que consultar el BOE a las once de la noche o encontrarse que los sistemas telemáticos les notificaban un domingo la obligación de revisar toda la información de la plantilla de una empresa con carácter retroactivo por una nueva bonificación o ayuda fiscal.
El verdadero problema llegó cuando la pandemia y las medidas extraordinarias empiezan a remitir; sin embargo, su carga de trabajo se mantiene. Las medidas tributarias y laborales aprobadas a partir de 2021, desde la creación de nuevos impuestos a las empresas a las reformas laborales y de pensiones, junto a sus desarrollos legislativos, han situado a estos asesores en una situación en la que consideran que «trabajan más para las administraciones que para sus propios clientes».
Del SMI a los planes de pensiones
Uno de los casos más criticados es el de las últimas subidas del SMI, que se han producido meses después del comienzo del año. Esto no solo afecta a los sueldos más bajos, sino que también repercute en las bases de cotización e incentivos fiscales para todos los demás, lo que obliga a revisar de manera retroactiva las nóminas de miles de trabajadores.
En las últimas semanas, además, proliferan las gestiones asociadas a los planes de empleo introducidos en la segunda fase de la reforma de las pensiones. Los asesores denuncian los problemas provocados por el plan incluido en el convenio de la construcción y alertan de lo que ocurrirá con el siguiente, el del metal.
Los profesionales no solo reprochan el ‘bombardeo’ de nuevas órdenes y reglamentos en la Legislatura, sino que además se ven aliñados de un alto número de correcciones y rectificaciones, a veces cada poca semana. Además, los posibles errores que los asesores y gestores puedan cometer en este volátil entorno les exponen a una «presunción continua» de fraude. Esta presión adicional no solo impide tomarse descansos, sino que limita incluso su derecho a movilizarse para denunciar su situación.
En esta escalada de malestar de los profesionales, la sombra de las movilizaciones se hace más sólida. Precisamente una de las demandas que quieren trasladar no solo a Escrivá, sino también a las ministras de Trabajo, Yolanda Díaz, es permitir su «derecho a huelga», para que no puedan ser sancionados por las propias administraciones si llegan a ese escenario.
Algunos proponen ir más lejos y trazar una línea clara que impida a organismo como la Inspección de Trabajo o tributaria de recurrir a la figura del colaborador como «obligado censal» para recabar datos de sus clientes.
El resto de las demandas que preparan los asesores y gestores van en la línea de simplificar trámites y reducir duplicidades, así como imponer garantías para cumplir con su desconexión digital, empezando porque que los plazos para realizar los trámites se computen en días hábiles, dejándoles al menos libres festivos y fines de semana.
En todo caso, la presentación de estas demandas es solo el primer paso. Conscientes de que seguramente el Gobierno les ignorará, la idea es que sirvan de base para conseguir una «una unión real» de profesionales para poder «ejercer la presión necesaria» para alcanzar sus objetivos por las vías que se consideren necesarias.
Fuente Original: El Economista