El fracaso de los ERTEs tras la reforma laboral dispara un 51% los despidos colectivos

El número de trabajadores que sufrió un despido colectivo se disparó un 50,8% en 2023, un repunte que contrasta con la caída del 46,5% de los afectados por suspensiones y reducciones de jornada. La cifra de ceses supera las de todos los años entre 2014 y 2019 y deja claro que el nuevo diseño de los ERTEs introducido en la reforma laboral ha fracaso en su objetivo de frenar los antiguos EREs. Pero tampoco los despidos individuales.

Ello a pesar de que la primera opción de las empresas siempre han sido los ERTEs. De hecho, la Estadística de Regulación de Empleo que publica el Ministerio de Trabajo y Economía social revela que solo en 2002, 2003, 2004 y 2005 (años marcados por prejubilaciones en grandes empresas públicas recién privatizadas), el número de despidos colectivos superó la cifra de los afectados por medidas temporales. Ni siquiera la reforma laboral de 2012, que eliminó la autorización administrativa previa para los procesos por motivos económicos y productivos, supuso una ruptura de esta ratio.

Pero los ERTEs, como su propio nombre indica, son medidas pensadas antes una coyuntura eventual. Si esta se prolonga en el tiempo, a no ser que cuenten con los incentivos suficientes para mantener las suspensiones, las empresas acaban recurriendo a los recortes. Empezando por los despidos individuales y luego por los colectivos, los más difíciles de materializar. En est sentido, el dato de 2023 resulta especialemnte revelador.

Aunque la cifra total de despidos colectivos queda por detrás de la anotado en 2021, un año que se puede considerar excepcional por el impacto de la pandemia. Además, en 2020, el colapso del SEPE rompió la serie estadística. Descontando estos dos ejercicios, la cifra de 36.505 alcanzada el pasado año sería la más alta desde el final de la Gran Recesión. Es más, marca el primer incremento interanual en circunstancias económicamente ‘normales’ registrado desde entonces.

Los sucesivos gobiernos han diseñado diferentes opciones para evitar que los ERTEs den paso a esta escalada de ceses. En realidad, las reformas impulsadas por los Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y Mariano Rajoy en 2012 recogía esta filosofía, otorgando a las empresas una mayor flexibilidad para afrontar una crisis económica como la que España sufría en esos momentos sin una masiva destrucción de empleo.

Nuevos y viejos ERTEs

Pero esta idea no se puso verdaderamente a prueba hasta el estallido de la pandemia, cuando se flexibilizaron los ERTEs para que cualquier empresa en dificultades pudiera aprovecharlos. Así, junto a los provocados por causas económicas, técnicas, productivas u organizativas (ETOP) se potenciaron los de causas por fuerza mayor, ligados a circunstancias catastróficas y sobrevenidas que interrumpen la actividad de la empresa, Estos mantenían la necesidad de una autoridad administrativa previa que acreditara los motivos, pero su uso era minoritario. Al introducir entre sus causas el Covid 19 su uso se disparó.

Además, se aumentaron los beneficios de los trabajadores acogidos a ellos. Por ejemplo, al cobrar una prestación no consumirían los derechos futuros sobre la misma. Aunque no contaban como parados ni eran dados de baja de afiliación a la Seguridad Social, lo cual permitió que las estadísticas de empleo aguantaran mejor el envite de la crisis. Esto provocó un enorme gasto en prestaciones que, según la emergencia sanitaria se iba extendiendo en el tiempo, obligó a varias revisiones del mecanismo.

La última, y más importante, se produjo con la aprobación de la reforma laboral de 2021, que estableció tres tipos de ERTEs. A los dos ya mencionados se sumó el Mecanismo RED, introducido a instancias de la entonces vicepresidenta económica Nadia Calviño como continuación del modelo improvisado por la pandemia. Solo pueden desplegarse a iniciativa del Consejo de Ministros y se dividen, a su vez, en dos tipos: cíclicos, que se aplican ante cambios en la coyuntura económica (como una crisis financiera) y sectoriales, que respondían a situaciones sobrevenidas que afectaban a una actividad. Hasta la fecha, este último es el único que se ha aplicado. Se centró en las agencias de viajes y solo afectó a 7.998 personas en 2022, según los datos de Trabajo.

La reforma laboral también introdujo cambios en los ERTEs ETOP y por fuerza mayor para agilizar su uso y los incentivos que los acompaña. Aunque no se llegó a los extremos de ‘barra libre’ como la que se produjo en la pandemia, suponen una mejora sustancial respecto al diseño anterior. O al menos esa era la idea.

Los despidos ignoran los ERTEs

La Estadística de Regulación de Empleo fue la gran olvidada durante la pandemia. El colapso administrativo ante la avalancha de procedimientos abiertos forzó a interrumpir su actualización durante todo 2020. El relevo lo cogió la Seguridad Social, que publica una lista actualizada de afectados por ERTE (gracias a que las empresas también obtenían bonificaciones y rebaja de cotizaciones sociales por aplicarlos), pero no de los despedidos.

Este apagón estadístico disparó los temores a un auge oculto de las extinciones de empleo colectivas. En 2021, cuando se retomó la publicación, se registraron 43.662 afectados por estos procesos, un 50,4% más que en 2019, si bien los afectados por regualciones temporales se habían multiplicado hasta las 559.737, máximo de la serie histórica registrada (teniendo en cuenta, eso sí, que en 2020 Trabajo no publicó datos).

A partir de 2022, con la reforma laboral se produce un sustancial descenso en ambos tipos: los afectados por despidos colectivos cayeron un 44,5% y los inmersos en ERTEs un 50,1%. Esto es coherente con un escenario de reactivación del mercado laboral en el que España logra dejar definitivamente atrás las secuelas de la pandemia, mientras los ERTEs impiden los despidos.

Pero en 2023 la situación se invierte: los despidos rebotan un 50,4%, hasta los 36.505 y los ERTEs siguen cayendo un 46,5%, hasta los 144.634. Esto indica que las alternativas a los despidos están perdido eficacia para frenar los mismos. Y no solo los colectivos: 2023 se cerró con un nuevo récord de despidos individuales, que rondó el millón de bajas, según los datos de la Seguridad Social.

Se puede apuntar aquí que los ERTEs no pueden evitar los despidos particulares. Esto puede considerarse cierto en el caso de los despidos disciplinarios o declarados improcedentes. Pero no es el caso de los que la Seguridad Social cataloga como despidos «por causas objetivas», quen en su caso sinónimo de causas económicas, técnicas, objetivas y productivas. Es decir, los ceses ETOP. Suponen el 99% de los despidos colectivos y el 44,6% de los individuales. Y su agregado desbanca con contundencia el total de los ERTEs.

La brecha entre bajas de afiliación por despidos objetivo (individuales y colectivos) es la más alta registrada desde 2013. En este contexto la evolución de los despidos colectivos en 2023 no ha supuesto la oleada que muchos temían tras la pandemia gracias a la fortaleza de la economía y el empleo. Pero hay que tener en cuenta que sus datos solo son la punta de un iceberg laboral que muestra que las recetas aplicadas por el Gobierno durante la pandemia ya no bastan para frenar los recortes de plantilla.

Fuente Original: El Economista