La reforma del SEPE fracasa: apenas encuentra empleo a 1 de cada 100 parados
La de los servicios públicos de empleo fue la última gran reforma aprobada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en la anterior Legislatura. Se consagró en la Ley de Empleo que entró en vigor el 1 de marzo y se ha venido desarrollando en una serie de reglamentos y planes regados con el reparto de 2.800 millones de euros a las comunidades aprobado en abril, justo antes de las elecciones autonómicas. Sin embargo, los principales beneficiarios, los desempleados, no han notado ninguna mejoría. Se puede decir, incluso, lo contrario.
De hecho, los demandantes de empleo colocados gracias a las ofertas que les hicieron llegar las oficinas públicas de empleo en el pasado mes de julio, lo que se conoce como intermediación directa, apenas llegaron a las 37.262, un 10% menos que hace un año.
Una cifra que equivale al 0,87% del total de personas que estaban inscritas como demandantes en el mes anterior y al 1,3% de los parados registrados. Hace un año, estos porcentajes eran del 0,96% y del 1,43%, respectivamente.
Se trata de una evolución que confirma que tras las medidas impulsadas por Yolanda Díaz no es que todo siga igual: es que incluso funciona algo peor. Ello a pesar de que la reforma, comprometida con la Comisión Europea, que lleva lustros advirtiendo sobre la eficacia de los servicios públicos de empleo españoles, estaba considerada como una de las más ambiciosas en la historia laboral de nuestro país no solo por el propio Gobierno: también por los responsables autonómicos que tienen transferidas las competencias en esta materia.
Precisamente, uno de los principales ejes de la Ley de Empleo es la transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una Agencia Española de Empleo, que nace con el objeto de mejorar la coordinación entre las oficinas de empleo públicas estatales y autonómicas, así como su eficacia.
Un oportuno cambio estadístico
Según los datos del SEPE en julio se registraron 1.678.574 colocaciones (un 1,3% menos que un año antes). De ellas, el 46%, 781.890, corresponden a personas con una demanda de empleo. A su vez, estos se dividen en los que mantienen activa (que suman 195.119 colocaciones) o han causado baja pero en un periodo inferior a 180 días (586.771 personas).
Las 37.262 colocaciones por mediación que se contabilizaron en julio implican quesolo un 4,71% de los demandantes de empleo que encontraron trabajo en ese mes lo hicieron gracias a una oferta que les presentaron los servicios públicos autonómicos o estatal, frente al 5,2% de hace un año.
Hay que tener en cuenta que esta estadística no estima cuantos de esos demandantes colocados (con o sin intermediación pública) son realmente parados registrados. Tampoco el desglose estadístico en dos tipos de demandantes contribuye a resolver esta incógnita.
Se realiza desde 2020 y responde a un cambio metodológico. Antes, el SEPE anotaba a la vez la baja de demanda asociada al registro de un nuevo contrato y anotaba la colocación. Ahora la baja de demanda se produce de forma automática, a través del cruce con los datos de altas de Seguridad Social, con lo cual la colocación por parte del SEPE (que se produce cuando este registra el contrato) se puede producir más tarde. De hecho, es lo que ocurre en la mayoría de los casos.
El efecto es que la precisión de los datos de colocaciones intermediadas aumenta, pero, por el contrario, el registro de las bajas de demandantes por colocación pierde fiabilidad, ya que solo cuenta las automatizadas y no otras que se añaden más tarde. El cambio del sistema, además, hace imposible rastrear la serie histórica más allá de 2020.
En julio de 2019, se contabilizaban las colocaciones de demandantes registradas con el anterior método, sin cruce de datos, y las cifras resultantes eran inferiores. Eso sí, la tasa de las intermediadas sobre el total alcanzaba el 6,71%, aunque estos datos ya no se pueden comparar con los actuales.
De esta forma, un ejercicio de transparencia en la presentación de las estadísticas (que, curiosamente, el Ejecutivo sigue sin realizar en el caso de los demandantes con un contrato fijo discontinuo que no trabajan) se convierte en un problema para hacer un análisis en profundidad de la eficacia de la reforma: no se puede comparar con años anteriores a la pandemia.
Las empresas no comparten vacantes
En cualquier caso, el termómetro que usan los desempleados para valorar la eficacia de los servicios públicos de empleo son las oportunidades de empleo que estos les brindan. Y, en este sentido, algo que sí queda rotundamente claro es que no se ha cumplido uno de los objetivos explícitos de la norma: aumentar el número de ofertas.
La reforma prometía introducir fórmulas para que las empresas notifiquen todas sus vacantes a los servicios públicos de empleo. Pero esto no se ha materializado. En julio, los servicios públicos de empleo registraron 44.557 nuevas altas de vacantes, un 9,9% menos que, en el mismo mes de 2022. Una evolución que no deja de ser sorprendente en un momento en el que la demanda de mano de obra, según las propias empresas, está alcanzado niveles históricos. Parece que no confían en los servicios públicos de empleo: de hecho, el 31% de las vacantes corresponden a las administraciones públicas (sin contar educación y sanidad).
Esto perjudica a los desempleados: las ofertas puestas a disposición para gestión de los servicios públicos de empleo en julio apenas llegan al 1,03% de los demandantes y al 1,6% de los parados, ambos porcentajes inferiores a los de hace un año.
Y aun así, no todas se cubren. Y es que en el mismo mes se registraron 45.831 bajas de estas ofertas (un 9,3% menos que hace un año), pero de estas, un 10% no se cubrieron con un empleo (de una persona apuntada al paro o no), sino que fueron retiradas por las empresas por otros motivos.
Efecto residual en el empleo
El Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas recuerdan que la presentación de ofertas a los parados, la denominada ‘intermediación’, no es la única manera desempleados. También están los cursos de formación y el diseño de planes e incentivos a la contratación, con un resultado desigual según cada región.
En cualquier caso, los datos de empleo total creado por actuaciones por los servicios públicos tampoco parecen positivos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en 2022 solo el 1,9 de los 17,1 millones de asalariados españoles declaraban haber encontrado su trabajo gracias a una oficina pública de empleo. Un porcentaje que no ha hecho sino reducirse desde el máximo del 3,2% de 2007. Está por ver si en el último año la situación ha mejorado.
Y es que el nulo efecto de la Ley de Empleo en la eficacia de los servicios públicos de empleo resulta difícil de justificar. Según el Gobierno ahora en funciones, las elecciones autonómicas de mayo y legislativas de julio han bloqueado los avances para la implantación de la reforma, a lo que se suma la constitución de los nuevos ejecutivos autonómicos.
Ello a a pesar de que la norma estaba en vigor y ya había echado a andar junto varios desarrollos reglamentarios y la actualización de los planes de empleo pactados con las comunidades (incluyendo su dotación presupuestaria) antes de las elecciones. Aunque no se ha completado la creación de la Agencia Española de Empleo (pese a estar prevista para este año recogida en los Presupuestos para 2023), la propia Ley de Empleo establecía un periodo transitorio en el que el SEPE ha asumido sus nuevas funciones.