Díaz prepara un golpe de más de 3.000 millones para la sanidad y la educación privada
La vicepresidenta del Gobierno prepara un golpe fiscal contra la sanidad y la educación privada. Yolanda Díaz pide subir al 21% el IVA de ambos servicios, que hasta ahora estaban en el 0%. Los cálculos económicos apuntan a que esta medida supondría un incremento de más de 3.000 millones para las arcas públicas, si bien también acarreará perjuicios tanto a ciudadanos como a profesionales.
La líder de Sumar ha recalcado que es injusto que estas dos actividades económicas no tributen por el IVA. «Queremos que las rentas del trabajo tributen menos que las rentas del capital… También queremos que factores que son claves en un impuesto que es regresivo e injusto, como es el IVA, sean modificados… Estamos financiando de alguna manera la asistencia a las escuelas privadas, no estoy hablando de la escuela concertada. ¿Por qué la sanidad privada en España tributa al 0 %? ¿Es esto justo?», ha dicho durante una entrevista concedida a la Agencia EFE.
Las declaraciones se enmarcan dentro de las negociaciones por los nuevos presupuestos generales. La Vicepresidenta está negociaciando con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, varios aspectos para subir la recaudación y uno de sus nuevos objetivos son la sanidad y la educación privada.
Aplicar de golpe un 21% a la sanidad privada acarreará una subida de costes que repercutirán en mayor o menor medida en el ciudadano. Durante la pandemia, la sanidad pública sufrió un colapso del que no solo no se ha recuperado, sino que en algunos casos ha empeorado, como en las listas de espera. Con una subida de costes en la privada es posible que miles ciudadanos que acuden a este servicio no puedan soportar el recargo y regresen a la sanidad pública, lo que implica una nueva sobrecarga en el sistema asistencia.
«El ingreso que el Estado obtendría por medio del incremento del IVA, muy probablemente se convertirá a medio plazo en un incremento del gasto público muy superior a dichos ingresos, ya que se tendrá que atender a las consultas, pruebas e intervenciones que ahora se realizan en la privada y que se trasvasarán a la pública, con lo que desde luego no resulta una medida ni útil ni eficaz», señala el presidente de la patronal sanitaria Aspe, Carlos Rus.
Por otro lado, más allá de los grandes operadores de la sanidad privada, este sector está compuesto por muchos profesionales autónomos que poseen pequeñas clínicas o consultas. Si el IVA pasa al 21% es probable que caigan los clientes y, con ello, algunos se vean abocados al cierre de sus negocios.
«Aplicar el 21% de IVA a los servicios sanitarios privados significa gravar a los pacientes que utilizan los servicios sanitarios», apunta Rus. «Hay que regular para favorecer el mejor servicio posible a los pacientes, no justo en dirección contraria. Es momento de sumar esfuerzos, no de poner trabas precisamente a quien contribuye a crear un Sistema Nacional de Salud más sostenible y accesible», añade el directivo. «La ideología sin matemáticas puede afectar dramáticamente a los pacientes, ya que en un momento en el que el sistema público está especialmente tensionado, poner trabas a la accesibilidad a la asistencia privada es un error que se pagará con mayores listas de espera y peor calidad asistencial al paciente en la sanidad pública», concluye.
Ataque a la libertad de elección
Las reacciones del sector educativo tampoco han sido positivas, pues alegan que esta medida pone en peligro la supervivencia del sector y puede suponer la pérdida de muchos puestos de trabajo y es un nuevo ataque a la libertad de elección de las familias y de creación de centros educativos, recogidos en el artículo 27 de la Constitución Española. Los agentes implicados coinciden en que esta medida no tiene sentido porque la educación es un «elemento de primera necesidad». «No tiene sentido poner IVA a los comedores escolares o a las escuelas infantiles, que son un elemento clave para tantas familias de clase media o trabajadora», aseguran.
Pedro Jose Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), señala que no le parece «lógico que un derecho fundamental tenga que costar más a las familias». Creen que subir el IVA no favorece ese alivio que se le quiere dar a las familias. De hecho, las que son numerosas son las que más dificultades tendrán que afrontar el inicio de curso.
Cabellero sostiene que esta medida afectará también a los gastos del inicio escolar (material y libros) que pasará de tener una media 450 euros por cada hijo (curso 2023-2024) a más de 1.000 euros por hijo. «Es una medida electoralista y no se ha planteado en una mesa sectorial con todos los agentes», añade. «Si Yolanda se quiere cargar la educación privada que lo haga, pero no de esta manera», denuncia.
Por su parte desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) creen que la aplicación del IVA al sector de la educación privada en plena crisis económica derivada de la pandemia, supondría para las familias que libremente la han elegido un encarecimiento insoportable de este servicio, lo que en la práctica podría llegar a suponer la desaparición del sector. «Vulnera, además, el derecho de las familias a elegir la educación que prefieren para sus hijos con arreglo a sus convicciones, consagrado en el art. 27 de nuestra Constitución, y en consecuencia también afecta a la libertad de creación de centros. Se trata de derechos fundamentales contemplados en el Título Primero de la Carta Magna, por lo que estánnsometidos a especial protección», declara el presidente de la patronal que reúne a centros privados y concertados de toda España, Alfonso Aguiló.
Una medida de este tipo tendría como consecuencia inmediata el desplazamiento de un número incalculable de alumnos a la enseñanza pública, lo que incrementaría el gasto público en una cuantía muy superior a la que se recaudaría a través de este impuesto, como ponen de manifiesto los informes de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIREF).
Igualmente, Aguiló denuncia que esta medida «supondría la pérdida de innumerables puestos de trabajo y el cierre de la gran mayoría de los centros privados». Esto no solo se traduciría en «una menor recaudación por IRPF de estos trabajadores, sino también en mayores costes en prestaciones por desempleo».
Desde la Asociación de colegios privados independientes de ámbito nacional y proyección internacional (CICAE) creen que «es una idea poco meditada que no tiene en cuenta las consecuencias graves que tendría para muchas familias, que actualmente ahorran miles de millones a la Administración». Sostiene que puede acarrear repercusiones importantes, pérdida de muchos puestos de trabajo, e incluso el cierre de colegios. Además, confian en que, ni el PSOE ni la mayoría del resto de partidos políticos, apoye esta iniciativa.
Esta medida afectaría a enseñanzas regladas no universitarias y también a
las universidades privadas y al sector de enseñanzas no regladas, por lo que pondría en riesgo de desaparición a gran parte del sector de la educación y la formación privada, compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas.
Fuente original: El Economista