Yolanda Díaz acota el periodo de pruebas tras dispararse los despidos un 80%: como máximo de uno y 6 meses
Nunca antes se habían producido en España tantos despidos de trabajadores por no superar el periodo de prueba como los registrados en los dos últimos años tras la aprobación de la reforma laboral. Concretamente, mientras que en el conjunto de 2021 se contabilizaron un total de 26.397 ceses de contrato durante este periodo de adaptación, sólo dos años después desde que echó a andar la medida estrella del Ministerio de Trabajo en la anterior legislatura estos despidos se han incrementado en un 79,6%, hasta sumarse un total de 47.432 en el pasado ejercicio.
Aunque el Gobierno trató el cambio de tendencia aflorado con la nueva normativa como una consecuencia normal del fuerte incremento de contrataciones de carácter indefinido -que había propiciado esta tendencia por mero volumen de firmas- otros elementos disonantes como el desplome de la duración media de las relaciones laborales a mínimos de los últimos tres lustros han hecho saltar las alarmas.
Principalmente, porque ya son muchos los expertos laboralistas que observan ciertos usos indebidos de los periodos de prueba -sobre todo en los contratos indefinidos- como vía de sustitución para el contrato temporal ordinario, ahora con condiciones más restrictivas tras la reforma.
El gabinete dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz trata ahora de poner pie en pared ante la evidencia de un exceso de ceses en el plazo de gracia. Aunque la medida aprobada hace escasos días no modifica los periodos ya establecidos en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, sí que se incluye en el decreto aprobado un precepto que impide cambios a través de la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores.
Así, el Gobierno asume en la transposición de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea la limitación del periodo de prueba a un máximo de seis meses para técnicos y técnicas tituladas y de dos meses para el resto de personas trabajadoras. Además, en el caso de los contratos temporales y de duración determinada, si es concertado por un periodo igual o superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá ser de más de un mes. En los contratos de duración menor, el periodo de prueba se reducirá en la misma proporción. «Los convenios colectivos no podrán ampliar la duración de estos periodos de prueba», aclara el texto.
Repunte de los ceses
Es por esta circunstancia que, pese al desplome de la tasa de temporalidad, hasta el 14% en el sector privado -casi la mitad en dos años-, los analistas huyen del triunfalismo. Desde el ‘think tank’ de Fedea explican que si bien la reforma laboral ha impulsado al alza la conversión de trabajadores temporales en indefinidos, tanto en el fijo ordinario como en el fijo discontinuo, también ha elevado la «mortalidad» de los contratos indefinidos ordinarios, de forma que, aunque se hacen más contratos de esta modalidad, su duración es menor. En lo que concluye que la nueva ordenación ha empujado a más firmas de indefinidos, pero de una estabilidad cuestionable como el caso del fijo discontinuo.
Y es precisamente esta figura del periodo de prueba la que aparece como uno de los retenes que pese al volumen de firmas de indefinidos. Cabe señalar que si en 2021 se firmaron un total de 19,3 millones de contratos, sólo 1,2 millones fueron indefinidos, mientras que a cierre de 2023 los firmas por tiempo indeterminado ascendieron a 6,1 millones de las 15,4 millones de relaciones laborales suscritas durante el pasado ejercicio. Tal es el protagonismo de este contrato indefinido en el mix de ocupación de nuestro mercado laboral que en dos años han pasado de suponer el 6% del total al 39%.
La imagen que muestra síntomas evidentes de inestabilidad en el empleo a pesar del fomento de los contratos fijos aparece en la lectura general, donde en sólo dos años se ha pasado de un volumen total de 951.447 despidos en el conjunto de 2021 a un total de 1.024.727 a cierre del pasado ejercicio, lo que supone casi un 8% más. En un contexto en el que se firman más contratos fijos, con peores condiciones para el empresario, el aumento general de despidos tiene sustento en elementos como la casi duplicación de despidos en periodo de prueba.
Fuente Original: ABC