Díaz acusa a miles de empresas con fijos discontinuos de hacer trampa

Un mes da de plazo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a las empresas para que conviertan en indefinidos ordinarios los contratos fijos discontinuos de los trabajadores que tienen en plantilla. De lo contrario, les avisa de que serán blanco del control de la Inspección y deberán afrontar sanciones graves por transgredir la normativa laboral con la contratación estrella, y las más polémica, de la reforma laboral. Se arriesgan a multas de 10.000 euros por contrato por «enmascarar artificiosamente la discontinuidad».

El Ministerio de Trabajo ha enviado más de 80.000 cartas en la que informa a la empresa que la recibe que «mantiene en alta con un contrato fijo discontinuo a trabajadores que, en los últimos doce meses llevan al menos 10 meses y medio en alta, bien contratados directamente por la empresa, o bien mediante la celebración de contratos de puesta a disposición a través de empresas de trabajo temporal». Y avisa: «Esto supone una vinculación de, al menos, el 87,5% en el periodo de referencia».

En las misivas, a las que ha tenido acceso ABC, Trabajo asegura que «la conducta descrita sólo se observa en un 2% del total de las empresas que tienen personas trabajadoras en alta en la actualidad». Y explica a la compañía que ha recibido la comunicación que su situación ha sido fruto de la consulta que ha realizado la Inspección con la herramienta de lucha contra el fraude, por lo que en su caso «procedería la conversión en fijo ordinario de plantilla».

La carta, que lleva también el sello de la Inspección, detalla al empresario investigado el número de trabajadores que han sido objeto de estudio, con sus nombres, el número de días en altay el porcentaje de vinculación en el periodo y deja claro que «las relaciones laborales indicadas constituyen, en todo caso, supuestos adicionales y diferentes de los que se hayan revisado o lo están siendo actualmente por actuación inspectora como consecuencia del Plan de choque 2022». Un plan paralizado en parte por la propia Inspección, en pie de guerra contra Díaz por falta de medios y el exceso de trabajo.

Por último, la misiva hace hincapié en que aquellos contratos que no sean transformados en indefinidos en treinta días serán objeto de la correspondiente actuación inspectora, y que el incumplimiento empresarial en este caso está tipificado como infracción grave en la ley de Infracciones y Sanciones.

Con esta campaña para detectar irregularidades la ministra pone el foco en el contrato protagonista en la reforma laboralaprobaba a finales de 2021 y llega en un momento en el se han multiplicado las voces que reclaman a Yolanda Díaz transparencia con los datos de estos contratos. La idea que inspiró la ley era lograr un cambio de paradigma que permitiera que la eventualidad en el empleo fuera la excepción y la estabilidad la norma. Y para conseguirlo se actuó por dos vías: se endurecieron los contratos de duración determinada y todas las miradas se pusieron en los fijos discontinuos, fórmula hasta entonces residual, que se buscó potenciar con un aumento de los supuestos en los que se podía usar.

Evolución de afiliados a la Seguridad Social con contrato fijo discontinuo activo

Nadie pensó entonces que el trasvase de temporales a fijos fuera a provocar un tsunami de críticas y que el registro de paro fuera cuestionado y el Gobierno acusado incluso de «maquillar» las estadísticas. Todas las alarmas saltaron con la forma en la que se está reflejando en la estadística el tipo de empleo que se está creando, con la forma de contabilizarlo. Los fijos discontinuos no están siempre trabajando, registran periodos de inactividad en los que, en algunos casos, pueden estar cobrando la prestación por desempleo, pero no aparecen reflejados en las listas de paro porque se consideran demandantes de empleo ocupados. Por tanto, mientras tienen actividad contabilizan como afiliados y cuando no la tienen no aparecen como dados de alta, pero tampoco como parados. Es el caso, por ejemplo, de una camarera de piso en un hotel en Baleares o un contratado en un chiringuito de playa.

Un escenario que preocupa a los economistas, que llevan meses pidiendo transparencia al Gobierno con los datos, sin ningún éxito. El BCE, el Banco de España y organismos como Fedea y el servicio de estudios del BBVA le han instado a que detalle cuáles de los empleados con contratos fijos discontinuos no están trabajando, quieren conocer los periodos de actividad y de inactividad y disipar así las dudas generadas sobre los datos de paro registrado y de contrataciones. Sin hacerlo no pueden evaluar el impacto de la reforma laboral.

Lo que de momento está claro es la estadística, que refleja a la perfección la importancia que ha adquirido el contrato fijo discontinuo en el último año y medio como catalizador principal de la contratación, y del alza de las afiliaciones en última instancia. Si bien el peso de estos trabajadores sobre el total de afiliados pudiera parecer irrelevante –suponen el 5,1% del total de los actuales cotizantes– el fuerte repunte experimentado en los últimos 18 meses ha sembrado la semilla del fraude en torno a esta figura contractual. Sólo en este periodo la Seguridad Social ha sumado concretamente 697.997 cotizantes fijos discontinuos, hasta suponer a cierre del pasado mayo un total de 1.068.780 afiliados de los 20,7 millones de alta. Es decir, el volumen de trabajadores con este contrato se ha incrementado en un 188% bajo el paraguas de la reforma laboral.

Sin embargo, como señalan los expertos, el contrato fijo discontinuo no ha acabado con el impulso habitual que lleva a los empleadores a ajustar los volúmenes de plantilla en función de sus necesidades. El catedrático de Análisis Económico José Ignacio Conde-Ruiz advierte de que esta figura no acaba con la estacionalidad y la intermitencia del empleo en ciertos sectores. Mientras que el profesor en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad de La Coruña y asesor económico del Ministerio de Trabajo, José Manuel Lago, llegó a reconocer que puede haber «un mal uso» de la figura del contrato fijo discontinuo «por parte de algunas empresas», puesto que resulta llamativo que mientras que sólo por la vía de los fijos discontinuos se hayan firmado más de 2,5 millones pero se mantengan intactas las resistencias a rebajar el número de desempleados. «Habría que llevar un mayor control», admite el asesor económico del gabinete de la vicepresidenta Díaz.

Sólo 40% a tiempo completo

Sin ir más lejos, para observar la preponderancia ya no sólo del contrato fijo sobre el total de las firmas mensuales, sino de las modalidades de relación laboral que no suman las 160 horas mensuales, las estadísticas arrojan que en el pasado mayo se firmaron en nuestro país 1,4 millones de contratos, de los que ya de partida el 56% de ellos fueron temporales. Pero además, de los 624.853 contratos de trabajo de carácter indefinido, sólo un 40% son a tiempo completo. Los fijos discontinuos fueron el 37,5% del total y los parciales el 22,5% restante. Por lo que un 60% de las firmas de indefinidos están impregnadas de intermitencia y temporalidad.

«El fijo discontinuo no acaba con la precariedad, replica la inestabilidad que sufrían los anteriores trabajadores con contrato temporal de corta duración», señala Conde-Ruiz.

Precisamente, uno de los aspectos que debería aclarar la campaña iniciada desde el Ministerio de Trabajo es la falta de correlación entre el elevado número de firmas de contratos indefinidos y las resistencias para observar una caída proporcional del desempleo, o un incremento acorde por el lado de la contratación. Como único dato, el Gobierno asumió a cierre del pasado año que con una base en ese momento de 800.000 afiliados a la Seguridad Social con este tipo de contratos, había a diciembre 443.078 trabajadores con contrato fijo discontinuo que se encontraban inactivos –de todos ellos, 268.402 cobran prestación por paro–. Por lo que en ese momento la mitad de los fijos discontinuos en vigor no estaban en periodo de actividad y cotizaban. Sin embargo, la cifra que fue proporcionada por el SEPE al PP en el Senado no fue validada por Yolanda Díaz, que aseguró que era necesario pulirla.

A día de hoy, la estadística sobre la situación de los fijos discontinuos sigue siendo difícil de desbrozar. El Gobierno no ofrece la relación de los trabajadores que se encuentran activos y cuántos están a la espera de ser llamados y, dado que estos empleados inactivados aun teniendo derecho a prestación no figuran como parados en el SEPE al tener un contrato –indefinido– en vigor, algunos expertos como Adecco, calculan que el paro real del mercado laboral rozaría los 3,5 millones.

Fuente Original: ABC