PSOE y Sumar subirán Sociedades y la tributación de las rentas altas

Pedro Sánchez amaneció ayer con el camino más despejado hacia su debate de investidura. La renuncia del PNV a facilitar un gobierno de Feijóo libra al socialista del primero de los obstáculos. El resto depende de la pericia del PSOE y de Sumar en el proceso de negociación con el puñado de grupos parlamentarios necesarios para alcanzar una mayoría de síes. También de las exigencias que ERC, Junts o el PNV pongan sobre la mesa.

A la espera de lo que ocurra en esos ámbitos, lo que sí puede afirmarse es que, en materia fiscal, un hipotético Ejecutivo de PSOE y Sumar será proclive a las alzas de impuestos, a tenor de lo expuesto en los programas de ambos partidos. Por un lado, los socialistas y Sumar (junto a su futuro socio ERC) apuestan por seguir apretando las tuercas en Sociedades y en la tributación de rentas altas.

Castigo a las empresas

Tanto Sánchez como Yolanda Díaz quieren hacer efectivo el tipo mínimo del 15% en Sociedades establecido por la OCDE y la UE. Es más, la aún vicepresidenta segunda propone ir más allá. Plantea una reforma profunda del tributo, limitando la compensación de las bases negativas, y recortando las deducciones, exenciones y correcciones de las que muchas compañías disfrutan. En el ámbito empresarial, Sumar también propone establecer un recargo en tributo para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia que se establece en el mercado, sobre cuya viabilidad el PSOE no se ha pronunciado.

En lo que sí vuelve a haber sintonía entre los dos partidos de la izquierda es en subir la tributación sobre las rentas altas. Desde el PSOE, abogan por que este tipo de ciudadanos «sigan contribuyendo a la justicia fiscal», según pone de manifiesto su programa electoral. En sus mítines de campaña, no obstante, los socialistas fueron más claros y abrieron la puerta a que la tasa de solidaridad de las grandes fortunas, creada con motivo de la crisis inflacionista, se convierta en permanente.

Es más, desde Ferraz reiteran su apoyo a la llamada «armonización fiscal autonómica». Tras ese complejo término se esconde el ya conocido proyecto de limitar la competencia fiscal entre territorios, de modo que impuestos como Sucesiones y Patrimonio no puedan bonificarse al 100% y tenga que aplicarse un tipo mínimo de estas figuras tributarias en toda España.

En Sumar también plantean hacer de grandes fortunas un tributo permanente e incluso incrementarlo en medio punto, hasta el 4%, para los patrimonios superiores a los 10 millones de euros, como manera de financiar una de sus medidas estrella, la herencia universal. 

Más tramos impositivos

La ofensiva del equipo de Yolanda Díaz contra los contribuyentes de mayor renta también se juega en el ámbito del Impuesto sobre la Renta. La formación heredera de Podemos y defiende que se amplíe el número de tramos impositivos a partir de 120.000 euros, de modo que se apliquen tipos impositivos crecientes, hasta alcanzar el 52% (para rentas del trabajo superiores a los 300.000 euros anuales). Niveles superiores al 50% son considerados confiscatorios por la OCDE.

El PSOE no es, en apariencia, tan radical en lo que respecta al IRPF, pero las nuevas bonificaciones y deducciones que incluye en su programa se limitan a las rentas bajas. Es más, no contempla ningún tipo de deflactación de los gravámenes del IRPF pese a las críticas que esta posición de la ministra María Jesús Montero han suscitado.

Banca y energéticas

Tanto Sumar, como la ministra de Hacienda -en funciones- han abierto la puerta a hacer permanente los impuestos a la banca y las energéticas, creados con motivo de la crisis inflacionista ligada a la guerra de Ucrania. «Es justo que quienes, por el contrario, se han beneficiado de la subida de los precios y de los tipos de interés contribuyan a sufragarlas», insiste la hoja de ruta electoral de Yolanda Díaz. También el programa del PSOE abre la puerta a la prórroga. «Evaluaremos la prórroga y ajustes de los gravámenes temporales sobre la banca y energéticas», apunta el documento socialista. De momento, el Estado ha ingresado casi 1.500 millones de euros procedentes del primero de los dos pagos previstos durante este 2023. 

La baza para corregir un rechazo del PNV será la misma que con la tasa de solidaridad sobre grandes fortunas. Los de Ortuzar presentaron ocho enmiendas a la ley que integra los gravámenes, pidiendo gestionarlos y adecuarlos al sistema vasco. La formación pide también que el impuesto grave los beneficios extraordinarios, y no los ingresos, en línea con lo que defiende el propio Partido Popular. La hoja de ruta del Partido Nacionalista Vasco es similar al descrito por Junts. La formación podría contentarse con que la Hacienda catalana obtuviera un pedazo mayor de la recaudación por los tributos. 

A ello se añade la presión que las nuevas reglas fiscales podrían ejercer sobre la política española. El acuerdo exige un incremento de los ingresos capaz de asegurar el equilibrio de las cuentas, por lo que Bruselas podría avalar la mayor presión sobre las rentas altas y grandes empresas que podría derivarse de las conversaciones en torno a la investidura de Pedro Sánchez. El gran problema apunta a cómo pueda repercutir esto a los clientes de las financieras o compañías energéticas.

A pesar de que la ley establece la prohibición expresa, el BCE no ha dejado de cuestionar los gravámenes desde el primer momento, e incluso avaló que pudiera ser trasladado a los usuarios. De hecho, la banca española lleva meses sin ofrecer una rentabilidad acorde al IPC en los depósitos. 

Fuente original: El Economista