Más de la mitad del empleo creado bajo el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos es público

El Gobierno de coalición afronta el arranque del ciclo electoral con el empleo como una de sus principales bazas. Pese a que la tasa de paro aún sigue por encima del 12%, el número de trabajadores ha vuelto a superar el nivel de los 20 millones, con la temporalidad en mínimos históricos tras la reforma laboral. Pero este balance tiene truco: el 55% del incremento neto de la ocupación en la Legislatura corresponde a empleos públicos, que además se confirman como los más precarios.

El 12 de noviembre de 2019, un abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias selló un acuerdo de Legislatura que permitía a los socialistas la mayoría suficiente para desbloquear una agenda política que la falta de mayorías le había impedido desarrollar en el casi año y medio transcurrido desde su victoria en la moción de censura contra Mariano Rajoy. 

Tres años y medio más tarde, una pandemia y una tensión bélica en suelo europeo sin precedentes desde la II Guerra Mundial han dejado tocado a la economía y al propio Ejecutivo, que vive continuos choques internos. Ni el retiro de Iglesias de la política ni su relevo por parte de Yolanda Díaz al frente del ala morada de la coalición, que se resiste a ser mera comparsa del PSOE, han impedido su agravamiento.

Pero hay algo en lo que ambas patas del Ejecutivo están de acuerdo: en defender la eficacia de sus medidas en el ámbito del empleo, desde los ERTEs de la pandemia a, en el último año, la reforma laboral. 

Aunque la contratación cayó en febrero a tasas interanuales del 25%, el retroceso se debe al menor número de puestos eventuales: los indefinidos se dispararon un 55,6%. Esto permite tanto a PSOE como a Sumar (la nueva marca electoral impulsada con Díaz, aún la espera de un acuerdo con Podemos y otras formaciones de izquierda) presentarse a los comicios como garantes del empleo.

Pero este argumento presenta varias debilidades. La primera es que, según los datos de la Encuesta de Población Activa, el incremento de la ocupación entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto de 2022 solo fue de 497.000 personas. De ellos, el 54,9% corresponden al sector público. Si comparamos la variación por sector, se aprecia que el incremento del empleo entre las administraciones, del 7,7, multiplica por 5,8 el de las empresas privadas, que solo fue del 1,3%. 

El peso del crecimiento resulta desproporcionado teniendo en cuenta que los trabajadores públicos solo suponían el 16,7% del total del empleo a cierre de 2022. Los datos de afiliación, elaborados con una metodología muy diferente a la de la EPA, pero más actualizados, arrojan registrados similares. El incremento de la afiliación media al Régimen General y el RETA entre noviembre de 2019 y el pasado mes de febrero fue de 870.000, de los que el 48% corresponden al sector público. 

Sánchez se supera a sí mismo

Las cifras contrastan incluso con los del primer Gobierno de Sánchez. En su primer año y tres meses en el poder, la ocupación creció en 622.800 personas: un 25% más de lo logrado con Unidas Podemos. Pero el 78% de estos nuevos trabajadores estaban empleados en empresas. La brecha de crecimiento entre ambos sectores fue mucho menor: así, mientras el sector privado repuntó un 4% el segundo lo hizo un 3%. 

Evidentemente, en esta comparación hay que tener en cuenta el impacto de la pandemia. Es imposible estimar cuándo hubiera crecido el empleo privado en España sin el COVID (aunque muchos expertos hablaban en ciertos síntomas de agotamiento de la recuperación tras la crisis financiera). Pero el mayor papel del empleo público en la recuperación sí da pistas sobre las prioridades del Gobierno a la hora de impulsar la creación de puestos de trabajo. 

Sobre todo, en un periodo que, además de la pandemia, se ha visto marcado tanto por el desembarco de los fondos europeos para modernizar la economía española como por un récord de oferta pública de empleo. Sin embargo, el Ejecutivo no es responsable directo de esta contratación. 

Seis de cada diez puestos públicos corresponden a ayuntamientos y comunidades autónomas, con competencias en gestión de la sanidad, educación y servicios sociales. Y registraban 277.900 ocupados más en el cuarto trimestre de 2022 que en el mismo periodo de 2019. Los trabajadores dependientes del Gobierno (los trabajadores de la Administración central, la Seguridad Social y las empresas públicas) se redujeron en 14.900 trabajadores. 

En este sentido, el reproche que cabe hacer al Gobierno no es tanto que ‘infle’ el empleo público con sus propios funcionarios, como que no ha sido capaz de incentivar (pese a los millones de euros recibidos de Bruselas) con la misma intensidad el sector privado, pese al rebote de la actividad privada tras los confinamientos. 

Solo durante el segundo y el tercer trimestre de 2022 el incremento acumulado del empleo privado respecto a cierre de 2019 superó al del público. En el cuarto trimestre, ese efecto se desinfló.

Precariedad de los sanitarios

En cualquier caso, el Ejecutivo sí saca rédito electoral del empleo público autonómico en sectores clave como el de los sanitarios, cuyas reivindicaciones laborales en comunidades gobernadas, especialmente, por el PP apoyan activamente PSOE, Unidas Podemos y las formaciones de la órbita de Podemos. 

Sin embargo, esta postura no oculta el hecho de que estos trabajadores han sido excluidos de la reforma laboral que buscaba reducir la precariedad, mientras la reforma de la Ley de Función Pública para reducir la interinidad no parece tener efectos. 

No hay más que fijarse en los datos de temporalidad. La norma impulsada por Díaz ha propiciado un retroceso de esta variable al 17,9%, frente al 26,1% de cuarto firmes de 2019. Pero esta evolución ha sido muy desigual: los trabajadores del sector privado con empleos eventuales han pasado de suponer el 25,7% al 14,8%, mientras que los del público han aumentado del 27,8% al 30,2%. Es decir, la temporalidad del sector público es el doble de la del privado. 

Según un análisis del investigador Florentino Felgueroso incluido en el IV Observatorio Trimestral del Empleo, a finales de año 2021, existían 27 ocupaciones con una tasa de temporalidad superior al 25%, a finales del 2022, este número se había reducido a 12. 

Principalmente se trata de ocupaciones en las que el sector público tiene un peso relevante. Un caso especialmente llamativo es el sanitario donde la brecha de temporalidad entre empleo público y privado se acerca a los 30 puntos, pese a las promesas de Sánchez a Bruselas para remediarlo. 

 En cuatro de estas ocupaciones (sanidad, dependencia, gestión de residuos urbanos y trabajadores cualificados agrarios) es el sector público el que supera, con creces, el umbral del 25% mientras cuatro quedan por debajo.

El Gobierno tiene varios frentes abiertos con sus funcionarios, en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y una rigidez burocrática que impide renovarlas. Un caso palmario es el de los Inspectores de Trabajo, que por primera vez en la historia del cuerpo se han declarado en huelga ante la sobrecarga de tareas que se ven obligados a realizar. 

Otro ejemplo es la Seguridad Social, que sufre un atasco inédito en las tramitación de pensiones por la falta de personal para prestar atención presencial a los amores. Pero Yolanda Díaz y José Luis Escrivá se desmarcan de las críticas de sus trabajadores y responsabilizan a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, de hallar una solución. 

Fuente Original: El Economista