Las empresas que se acojan a la semana laboral de cuatro días tendrán que reducir la jornada al menos un 10%
El Ministerio de Industria y Comercio dará hasta 150.000 euros a las pequeñas y medianas empresas (pymes) industriales que se acojan al proyecto piloto de reducción de la semana laboral a cuatro días. Tendrán que mermar al menos el 10% de la jornada laboral y mantener el plan durante dos años, sin reducir el salario de sus empleados.
El Gobierno envió a consulta pública el proyecto de orden que regulará el impulso de la jornada laboral de cuatro a mediados de junio y se espera que publique la orden en los próximos días, según fuentes de la negociación.
El presupuesto del proyecto piloto asciende a 10 millones de euros y verá por fin luz verde antes de que acabe el año después de una larga espera. Cabe recordar que el acuerdo entre el Gobierno y Más País se cerró el año pasado, cuando los de Íñigo Errejón dieron su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 a cambio de que se incluyera una partida para estudiar la jornada laboral de 32 horas. El partido que lidera Iñigo Errejón busca mejorar la productividad, la conciliación laboral, la igualdad de oportunidades y la salud física y mental de los trabajadores.
Cada empresa que ponga en marcha este proyecto piloto -deberá cumplir con las bases que se publicarán próximamente- será de hasta 150.000 euros y beneficiará a unas 60 o 70 pymes, según adelantó El Periódico. La estimación queda por debajo de la proyectada por Mas País, que calculaba que podrían sumarse al proyecto unas 160 empresas y beneficiar a 3.000 empleados.
Para sumarse, las empresas deberán incorporar medidas organizativas, de procesos productivos y de formación para generar una mejora de la productividad que compense en los mayores costes salariales. También se fijarán indicadores para medir la evolución de la productividad.
Para impulsar la prueba, el Gobierno prevé ayudas directas temporales por los costes asumidos por la empresa como consecuencia de la reducción de la jornada y de implementación de nuevas fórmulas organizativas y la formación.
El proyecto sometido a consulta pública también planteaba la posibilidad de financiar de forma parcial los costes salariales de los trabajadores que se sumen a la reducción de la jornada laboral, los costes de formación relativa a la optimización del tiempo de trabajo, los costes de colaboraciones externas o los costes de personal interno necesarios para el diseño o rediseño de procesos.
Fuente Original: El Economista