La reforma de las pensiones que debería poner a toda Europa en alerta: Alemania se prepara para elevar la edad de jubilación a los 70 años y endurecer el acceso a prestaciones
En Europa no hay un país que imponga sus reglas a los demás: la UE es una suerte de mosaico donde todo se decide de forma democrática. Hasta aquí la teoría. La realidad que dejan entrever las decisiones finales que adopta la UE (desde la política agraria común a las reglas fiscales, pasando por los impuestos a los coches chinos) es que en Bruselas hay países que tienen mucha más autoridad que otros. Alemania es uno de ellos y por eso sus reformas y movimientos deben ser interpretados como algo más que una decisión a nivel nacional, puesto que lo que se hace allí puede que sea lo que tengamos que hacer aquí también, más pronto que tarde. Por ello, la reforma de las pensiones en Alemania parece un serio aviso para el resto de países europeos, sobre todo aquellos que presentan unos sistemas más generosos y que acumulan importantes niveles de deuda pública.
El ruido de fondo ha sido ensordecedor en los últimos meses. La Gran Coalición gobernante abría el año pasado a trompicones uno de los ‘melones’ más impopulares de la política nacional: el insostenible gasto en pensiones. Tras una rebelión interna encabezada por el sector más joven de la CDU, los democristianos (socio mayoritario) y los socialdemócratas llegaban a una especie de consenso momentáneo en el Parlamento, pero todo el mundo sabía que las grandes reformas tenían que llegar tarde o temprano. Se impuso la agria tarea de confeccionarlas a una Comisión que este martes presentará de forma oficial unas conclusiones que el fin de semana ya se filtraron a la prensa internacional. En manos del dividido Ejecutivo y del Parlamento queda aplicarlas o no.
El recetario, de 33 medidas, no por conocido en medio de un debate cada vez más grande en Europa sobre la sostenibilidad de las pensiones, es menos impactante al salir de las tripas de la economía ‘rectora’ de Europa y cuna del Estado del bienestar allá por el lejano último tercio del siglo XIX, cuando Otto von Bismarck entendió la importancia de las prestaciones sociales.
Sintetizándolo al extremo, Alemania podría aumentar la edad de jubilación y crear su propio fondo de pensiones estatal, según las propuestas de esta comisión designada por el Gobierno. En concreto, la comisión propone aumentos graduales cada década en función de la esperanza de vida, hasta alcanzar los 70 años en 2092 según sus cálculos actuales (acorde a la legislación alemana vigente, la edad de jubilación del país está previsto que alcance los 67 años a principios de la década de 2030). Las propuestas también incluyen la supresión de la opción de jubilación anticipada reglamentaria a partir de los 63 años sin deducciones y la creación de un fondo de pensiones al estilo sueco. El objetivo del fondo, en el que las cotizaciones aportadas por los trabajadores y sus empleadores se invierten en activos financieros para pagar las futuras pensiones, sería estabilizar los niveles de las pensiones y aumentarlos a partir de 2040.
«El cambio más destacado es que, a partir de 2032, la edad de jubilación se vinculará a la esperanza de vida. La idea es una regla de ‘dos por uno’, lo que significa que, por cada año adicional de esperanza de vida, las personas trabajarán ocho meses más y cobrarán la pensión durante cuatro meses más. Si aplicamos esto a las proyecciones demográficas actuales, el resultado es una edad de jubilación de 67,5 años para 2041 y de 68 para 2051. Esto supone aproximadamente medio año más por década. Se revisará periódicamente, en lugar de fijarse de forma definitiva», explica en un completo informe analizando las propuestas Carsten Brzeski, economista jefe de ING.
Según la propuesta, se suprimiría la jubilación anticipada sin deducciones tras 45 años de cotización. «Esta prestación ha sido políticamente intocable para el SPD en el pasado. Queda por ver cómo será acogida esta propuesta por el conjunto del SPD, más allá de los miembros del Gobierno», presta atención a la lectura política el experto de ING.
Estas propuestas iniciales están claramente orientadas a prolongar la vida laboral, mientras que otras medidas pretenden ampliar la base de cotizantes. Los diputados y los autónomos se integrarían en el sistema público de pensiones obligatorio. «La comisión no se atrevió a abordar la cuestión de cómo tratar a los funcionarios públicos, más allá de sugerir una reducción de su número», precisa Brzeski. También se propone limitar los denominados ‘trabajos de 600 euros‘ o minijobs -actualmente exentos de cotizaciones sociales- a los estudiantes. Se trata de importantes fuentes de empleo en el sector minorista. «Para que quede claro, estos puestos de trabajo no desaparecerán de la noche a la mañana, pero resultarán más caros para los empresarios», resuelve el analista.
Una idea verdaderamente novedosa, concede Brzeski, es el pilar de capital obligatorio y financiado, inspirado explícitamente en la pensión complementaria sueca. Una parte de las cotizaciones, que se introduciría gradualmente desde el 0,5% del salario bruto hasta el 2% y se repartiría a partes iguales entre el empleador y el empleado, se invertiría en los mercados de capitales a través de un fondo gestionado por el Estado y se abonaría de forma individual. El objetivo es utilizar la rentabilidad del mercado para elevar modestamente el nivel de las pensiones por encima de lo que permitiría la actual fórmula de reparto.
«Sin cambios, la presión sobre las finanzas públicas se volverá casi insoportable», rubrica Brzeski, y los datos parecen darle la razón. Alemania, o más bien su Gobierno, se ve obligada a implementar estos ‘recortes’ porque la situación que presenta su economía parece insostenible, y eso que el país tiene uno de los niveles de deuda pública sobre PIB más bajos de Europa. El nivel de endeudamiento sobre PIB apenas supera el 60%, frente al 100% de España, el 137% de Italia o el 146% de Grecia. Si Alemania, con unas finanzas relativamente sanas, prepara recortes para las pensiones, imaginen lo que tiene que hacer el resto. Siempre existe la opción de intentar sufragar el gasto con más ingresos, lo que se traduciría en una creciente presión fiscal para la decreciente población en edad de trabajo. Cualquier decisión parece impopular, lo que incrementa el riesgo de no hacer nada real al final y que la ‘bomba de relojería’ (denominación de Allianz para la situación del sistema de pensiones alemán) termine estallando en el corazón de la economía.
Durante décadas, Alemania ha sido presentada como el ejemplo europeo de estabilidad económica, disciplina fiscal y sostenibilidad institucional. Sin embargo, uno de los pilares fundamentales de su modelo social, el sistema público de pensiones, se enfrenta a una presión cada vez mayor que amenaza con convertirse en uno de los principales problemas económicos y políticos del país. Así lo advertían Ludovic Subran, Maxime Darmet, Guillaume Dejean y Jasmin Gröschl, economistas de Allianz Research, en un informe que describe la situación como una auténtica «bomba de relojería» para las finanzas públicas alemanas.
El origen del problema, como ocurre en España y en casi toda Europa, es eminentemente demográfico. Alemania envejece rápidamente y la relación entre trabajadores y jubilados se deteriora año tras año. Las propias proyecciones de la Oficina Federal de Estadística de diciembre de 2025 lo dejan bien claro: uno de cada cuatro alemanes tendrá 67 años o más en 2035, frente a uno de cada cinco en 2024. Y el número de personas en edad de jubilación seguirá aumentando cada año hasta 2038, añadiendo entre 3,8 y 4,5 millones al sistema.
Según Allianz, el número de pensionistas aumentará en 2,1 millones hasta 2035, mientras que la población en edad de trabajar se reducirá en dos millones de personas. Como consecuencia, la ratio entre jubilados y cotizantes superará el 61% en 2036. Sin embargo, pese a esta evolución, el Gobierno alemán decidió mantener la tasa de sustitución de las pensiones en el 48% del salario neto hasta 2031.
Aunque la edad legal de jubilación ha aumentado gradualmente de 65 a 66 años desde 2012, la edad efectiva de salida del mercado laboral apenas ha cambiado durante la última década. En otras palabras, para muchos alemanes sigue siendo atractivo jubilarse anticipadamente, lo que incrementa aún más la carga financiera del sistema al aumentar el número de beneficiarios y reducir el de cotizantes.
Dicho de otro modo, en 1992, unas 2,7 personas en edad laboral financiaban la pensión de un jubilado. En 2022, esa cifra se redujo a 2. Para 2030, será de tan solo 1,5. «No se trata de una pendiente suave. Es un cambio radical, que se produce ahora porque la generación del baby boom se está jubilando en masa esta década», expone a las claras Brzeski, desde ING.
Si no hay recorte, ¿quién paga?
Las consecuencias económicas de esta situación empiezan a ser inquietantes. Si no se aprueban reformas, para mantener el actual nivel de las pensiones, las cotizaciones tendrían que subir de forma continuada. Allianz calcula que las contribuciones al sistema pasarán del 18,6% actual al 19,8% en 2028 y al 20% en 2029, pudiendo alcanzar el 21,2% en 2037. Pero la carga no recaerá únicamente sobre las cotizaciones. Los autores estiman que entre 2032 y 2040 serían necesarios 111.000 millones de euros adicionales en subsidios federales para sostener el sistema, lo que obligará a aumentar la presión fiscal sobre los trabajadores.
El efecto combinado sobre las familias puede ser especialmente severo. Allianz proyecta que para un trabajador medio sin hijos las cotizaciones sociales pasarán del 20,7% del salario bruto en 2024 al 25,9% en 2031 y al 32,5% en 2040. Paralelamente, la carga impositiva también aumentará. El resultado es que la presión conjunta entre impuestos y cotizaciones podría alcanzar el 51,5% de los ingresos en 2040. Los economistas de Allianz estiman que la renta disponible real podría caer un 5,2% ya en 2031 y hasta un 18,7% en 2040. Esto no solo dificultaría el ahorro privado para complementar la jubilación, sino que también debilitaría el consumo y el crecimiento económico. El informe advierte incluso de que «unos menores ingresos disponibles conducirán a un consumo privado más débil, lo que pesará sobre el crecimiento y elevará el riesgo de recesión».
Las cuentas públicas tampoco salen indemnes. Actualmente las pensiones representan el 9,1% del PIB alemán, pero podrían elevarse hasta el 14,2% en 2035 si se mantiene el nivel de reemplazo del 48% más allá de 2031. Allianz alerta de que este nivel de gasto sería «incompatible con la situación actual del presupuesto federal». Ya en 2026, un tercio de todos los ingresos fiscales alemanes se destinará a financiar el sistema de pensiones. A medida que aumenten las transferencias hacia los jubilados, quedarán menos recursos para inversión, infraestructuras, defensa, innovación o educación. Por ello, los autores concluyen que las soluciones puramente distributivas no bastan y que Alemania necesita abordar reformas más profundas como las que está anunciando el Gobierno. La firma señalaba en su informe algunas de ellas como retrasar gradualmente la jubilación, incentivar carreras laborales más largas, eliminar barreras al empleo de los trabajadores mayores y reforzar los sistemas complementarios de ahorro. Parece que el Gobierno alemán tomó nota.
«Las propuestas de reforma incluyen elementos importantes. Un ejemplo de ello es vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida y establecer un nuevo pilar basado en el mercado, aunque la comisión podría haber sido más audaz y ambiciosa. Lo positivo es que el tren de la reforma está cobrando impulso. Sin embargo, no se trata de un tren de alta velocidad, sino más bien de un modelo antiguo y frágil», concluye, siempre amigo de las metáforas, Brzeski. «En medio de todo el entusiasmo, no olvidemos que estos cambios son una necesidad imperiosa para contener la presión sobre las finanzas públicas. Por sí solos, no harán que la economía alemana sea más competitiva. Para ello, el Gobierno tendrá que hacer más», lanza como admonición final.
Fuente Original: El Economista