El coste del absentismo laboral ascenderá a 25.000 millones en 2023

Los problemas derivados de la pandemia, en cuanto al colapso de la sanidad pública española, han terminado por enseñar las costuras de un sistema en el que no se ha puesto ningún remedio. En medio de este caos, el absentismo laboral provocado por incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC) se cobró una equivalencia en la que 1,4 millones de españoles no acudieron a trabajar ningún día durante 2023, lo que supone un 7,4% del total de la fuerza laboral de España. El absentismo es una lacra que ha crecido un 66% en los últimos cinco años y que, según el último informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), se espera que en 2023 aumenté otro 15%, suponiendo un coste aproximado de 25.000 millones de euros.

Fuentes del sector consultadas por este medio apuntan que su papel podría ayudar a descargar la saturación que experimentan los hospitales públicos y dar de alta a aquellas bajas por enfermedades comunes o de traumatólogía, entre otras, ya recuperadas con el fin de evitar que se dilaten en el tiempo.

Ante esta situación, reclaman al Gobierno una legislación que les permita actuar «en casos en los que la sanidad pública no pueda llegar», explican desde AMAT a elEconomista.es. Para ello proponen que se cree un plazo inferior a una semana tras el cual las mutuas puedan ejecutar las altas, y combatir así el absentismo y el colapso sanitario. Por el momento, negocian con varias comunidades autónomas poder dar esta alternativa.

En vista de lo anterior, AMAT hace un llamamiento para concretar lo establecido en la recomendación número 9 de los Acuerdos del Pacto de Toledo y el capítulo VII del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), suscrito entre CEOE, Cepyme, CCOO y UGT. Esto implica la necesidad de llegar a acuerdos con los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas para restablecer la salud de los Trabajadores en plazos óptimos, reducir costes innecesarios para las Empresas y la Seguridad Social, y contribuir a la disminución de las listas de espera en los Servicios Públicos de Salud.

Según datos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que cubren al 79,69% de los Trabajadores del sistema de Seguridad Social, las bajas laborales por Enfermedades Comunes o Accidentes no Laborales aumentaron en un 12,02% hasta septiembre de 2023, en comparación con el mismo período en 2022. Esto significa un incremento de 436.408 bajas más, alcanzando un total de 4.066.590 bajas iniciadas entre enero y septiembre de 2023, frente a las 3.630.182 del mismo período del año anterior.

Facilitar la capacidad de brindar atención sanitaria integral en las bajas laborales derivadas de Enfermedades Comunes o Accidentes no Laborales diagnosticadas como patologías traumatológicas podría acelerar la recuperación de los trabajadores a la mitad del tiempo, al tiempo que reduciría los costos para Trabajadores, Empresas y la Seguridad Social. Esto tendría un impacto positivo en la competitividad de nuestro entorno productivo y fomentaría la creación de empleo.

A nivel nacional, si las mutuas pudieran administrar integralmente las bajas laborales por Enfermedades Comunes y Accidentes no Laborales diagnosticadas como traumatológicas, se lograría una recuperación más rápida para los Trabajadores, generando un ahorro económico estimado en más de 2.370 millones de euros.

Cabe destacar que los médicos de las entidades colaboradoras con la Seguridad Social ya emiten partes médicos de baja, confirmación y alta para Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Por ende, el ejercicio de esta competencia para las Enfermedades Comunes y Accidentes no Laborales diagnosticadas como patologías traumatológicas no presentaría complicaciones para estas Entidades.»

Recuperar el ‘plan Escrivá’

Las mutuas están solicitando un plan similar al borrador que se filtró en marzo durante las negociaciones entre el equipo del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y AMAT, divulgado por el sindicato LAB.

Este documento proponía que las mutuas fuesen el núcleo central del sistema de atención médica para la población activa, mientras que los servicios públicos de salud se enfoquen en la infancia y la jubilación. Para lograr esto, instaban a que las comunidades autónomas les delegasen la gestión de las bajas laborales comunes, así como el control de sus pruebas, tratamientos, intervenciones y rehabilitaciones, todos diseñados por médicos de las mutuas.

Además de la ejecución de los tratamientos, el borrador planteaba que los médicos de las mutuas tuviesen la facultad de dar de alta a pacientes enfermos por contingencias comunes (todas las bajas que no se originan por accidentes de trabajo) y supervisar al médico del servicio público, debiendo entregar los informes en un plazo de cinco días.

Convenios colectivos

Dentro del acuerdo firmado en mayo, patronal y sindicatos reclamaban la necesidad de seguimiento de las bajas para atajar el problema del absentismo, y establecer medidas que mejoren la salud de los trabajadores para reducir la «frecuencia y duración» de los tiempos. En el texto de la AENC se recoge que los convenios establezcan «procedimientos y ámbitos» de análisis de las bajas, que incluya un estudio de las causas, la incidencia y la duración de estas. También piden marcar líneas de actuación para reducir «el número de procesos y su duración, así como el seguimiento y evaluación de dichas actuaciones».