Díaz financiará su herencia universal con un impuesto del 4% a la riqueza
Yolanda Díaz financiará la herencia universal de 20.000 euros para los jóvenes que cumplan los 23 años, con un nuevo impuestos a las grandes fortunas. La gran apuesta electoral de la candidata de Sumar se sostendrá sobre un nuevo tributo que gravará «menos el 4%» para los patrimonios más elevados. La formación, que ha presentado este jueves su programa electoral, se justifica en la necesaria redistribución de la riqueza, uno de los pilares de las propuestas con las que se presentan al próximo 23-J. «Los impuestos sobre la riqueza son justos en una sociedad en la que la desigualdad y la pobreza alcanzan niveles inaceptables», afirma el documento que plantea -además- obligar a las comunidades autónomas a establecer un mínimo en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. «Es necesario recuperar este impuesto en toda España para los herederos que superen los importes que se fijan como referencia en la ley estatal vigente», explica.
No es la única modificación fiscal que propone Díaz si accede de nuevo a la Moncloa. Su hoja de ruta plantea una profunda reforma del impuesto de sociedades «para aumentar la contribución». En concreto, pretende hacer efectivo el tipo mínimo del 15% sobre los beneficios de las empresas. Una medida que se alinea con lo establecido tanto por la OCDE y por la Comisión Europea. Su intención es que ninguna compañía tribute por debajo de este umbral, con independencia de las deducciones, exenciones, reducciones y beneficios a los que tenga derecho. Además, Díaz recortará las deducciones y exenciones de las que ahora disfrutan las empresas. «No puede ser que en España haya el escaqueo fiscal que hay y que las pymes o los autónomos tengan que pagar más impuestos que los grandes empresas», ha dicho el responsable de Economía de Sumar, Nacho Álvarez.
La -todavía- vicepresidenta segunda promete tocar también otros dos impuestos. Aumentará progresividad del IRPF, ampliando el número de tramos a partir de los 120.000 euros y aplicando tipos marginales crecientes, del 45% marginal actual hasta llegar al 52% para rentas a partir de 300.000 euros. También eliminará los privilegios de los que disfrutan las Sicav y las Socimi, y eliminará aquellas deducciones del IRPF sin justificación económica.
Dos millones de viviendas sociales
Por otro lado, el programa de Yolanda Díaz promete dedicar el 1% del PIB anual para ampliar en 2 millones el parque de vivienda social en 10 años. La propuesta eleva la inversión actual, cifrada en el 0,25% del PIB. Su objetivo, ha dicho la responsable de Vivienda, Alejandra Jacinto, es que «nadie en España tenga que destinar mas del 30% de sus ingresos al pago de su vivienda».
Para ello se apoyará en toda la capacidad tanto de la Sereb como de la SEPES. El programa matiza, «esta inversión tiene un retorno económico a corto plazo a través del ahorro en otras políticas públicas, como son los servicios sociales y la sanidad».
1.000 euros para hipotecados
Es por ello, por lo que la formación se compromete a desplegar bono de emergencia para los hogares hipotecados a tipo variable para la compra de su vivienda habitual con el objetivo de mitigar la pérdida de poder adquisitivo que la subida de los tipos de interés está provocando sobre sus finanzas. La cuantía sería de 1.000 euros por hogar y -según explica formación- estará dirigido a aquellos hogares que hayan firmado un crédito hipotecario a tipo variable en los últimos diez años por un importe de hasta 250.000 euros y precio de compra de hasta 300.000 euros.
Un gran pacto de rentas
Sumar apunta directamente a la reducción del poder adquisitivo, fruto de la crisis de la inflación. Es aquí, donde los de Díaz plantean impulsar un «gran pacto de rentas por la estabilidad de precios». Se trata de un acuerdo con mayor alcance y ambición al último firmado por los agentes sociales, tras interminables meses de negociación. En concreto, el pacto buscará «reconquistar el poder adquisitivo perdido en 2022 sin afectar a los precios finales», aunque el programa no cifra las metas planteadas, si explica que se llevará a cabo a través de la mesa del diálogo social a la que la ministra de Trabajo llevaría un compromiso de subida salarial.
El catálogo de medida recupera una de las que trató de aprobar como vicepresidenta. Pretende establecer una cesta de la compra básica a precios asequibles, «que permita» -apunta- «el acceso de todas las familias a bienes esenciales y, a la vez, contribuya al objetivo de contención de la inflación».
Reducción de jornada laboral
En el plano laboral, el documento de propuestas recoge una de las ya anticipadas durante los últimos días. Los de Díaz plantea la necesidad de establecer por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas y abrirá un proceso de diálogo social para reducirla hasta las 32 horas semanales. A ella se añade el compromiso de seguir elevando el SMI por encima del IPC, y la creación de 500.000 empleos verdes durante los próximos años, a través del refuerzo de la capacidad industrial en renovables, que se nutrirá de un fondo específico.
Las medidas también apuntan a las pensiones. Álvarez criticó, durante la presentación del programa, la propuesta lanzada el pasado miércoles por el Círculo de Empresarios que plantea alargar la edad de jubilación hasta los 72 años, «quién plantea esto seguro que no ha estado subido ocho horas a un andamio o detrás de un mostrador», dijo. El partido se compromete a mantener la revalorización de las prestaciones con el IPC, «Nos asusta que el principal partido de la oposición, el PP, no se comprometa a esto», denunció Álvarez que exigió a Génova que aclare su aumentará la edad de jubilación, o el número de años trabajados para acceder a la prestación máxima.