¿Cobrar tu sueldo bruto y pagar la cotización? La revolución en la nómina que persigue CEOE sería un giro radical del mercado laboral

¿Es viable cambiar el sistema retributivo en España para que los asalariados reciban el salario bruto y que ellos mismos se encarguen de abonar al Estado sus cotizaciones y realizar una gestión que ahora desempeña la empresa? Más allá del debate sobre los crecientes costes laborales, que inspira la propuesta del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, los expertos ven muchas dificultades y riesgos a la hora de aplicar una idea que tal y como se plantea, no supondría ventajas para las empresas, más bien lo contrario. Además, elevaría el fraude, provocaría conflictos laborales y abriría la puerta a generalizar la figura de los «falsos autónomos».

La idea esbozada en varias ocasiones por el líder patronal ha provocado todo tipo de respuestas, desde los reproches directos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos al aplauso de muchos pequeños empresarios y autónomos que comparten la idea de que así se daría visibilidad al verdadero gasto para las empresas que supone crear y mantener empleos. Pero este debate no entra al fondo de lo que supondría aplicar una propuesta de este calado en su literalidad.

Hay que tener en cuenta el contexto en el que se pronuncian estas palabras. Los empleadores llevan varios años sufriendo un intenso reputen de los costes laborales, especialmente de las cotizaciones a la Seguridad Social. La patronal ha demostrado su disposición del acuerdo en cuestiones como la reforma laboral, la de las pensiones y, hace apenas unos días, la de la jubilación parcial.

Pero se ha encontrado con que el mismo Gobierno pactaba bilateralmente con los sindicatos para imponer una senda de subidas de la factura del empleo vía cotizaciones, salario mínimo interprofesional, todo ello sin escatimar críticas a los empresarios. Algo que también ha estado a punto de repetirse con la reducción de jornada.

La CEOE es consciente de que el planteamiento casi caricaturesco con el que el Ejecutivo despacha las quejas de los empresarios se aprovecha de la falta de transparencia sobre los costes laborales que hace que la mayoría de asalariados no tengan una idea clara de lo que cuesta realmente a sus empleadores crear y mantener un puesto de trabajo.

Ni menos costes ni más salario neto

Los expertos consultados por elEconomista.es coinciden en que esta transparencia sería beneficiosa, sobre todo porque aclararía la parte correspondiente a las aportaciones de las empresas, que no se incluye en las nóminas, que solo recogen lo que debe abonar el trabajador (aunque la deducción la realiza el empleador que abona el sueldo neto). Pero precisamente la complejidad de trasladar esta información con claridad a los asalariados es lo que hace recelar de la simplificación del asunto que suponen las palabras de Garamendi.

Según establece claramente la legislación actual, el empresario es el sujeto responsable «del pago o cumplimiento de la obligación de cotizar», que deberá ingresar en su totalidad tanto las «aportaciones propias» como la de sus trabajadores. Pero son montantes claramente diferenciados.

Por este motivo, Marcel Jansen, de Fedea, apunta que una medida en la línea verbalizada por Garamendi no supondría en ningún caso una rebaja de coste laboral para los empresarios ni una mejora del salario neto de los trabajadores. «Por tanto, la propuesta parece corresponder al deseo de reducir el coste salarial total o el traslado de riesgos de la empresa a los trabajadores«, advierte este experto.

Tal y como la CEOE formula la idea, los empleadores seguirían obligados a abonar el mismo salario bruto al trabajador, del que se deducirían las cotizaciones que corresponde a este, la denominada «cuota obrera». Pero, en paralelo, también tendría que abonar la cuota patronal o empresarial, que no se deduce del salario bruto del trabajador y, por lo tanto, no aparece en la nómina. Una información desconocida para la gran mayoría de los asalariados pero que seguiría siéndolo aunque percibieran el salario bruto. Una retribución integra que seguiría siendo inferior al coste total de su empleo para la empresa.

¿Pero podría sumarse esta cantidad en el salario bruto y que sea el asalariado el que la tramite? Eso sería todavía más difícil con la normativa actual, que establece claramente que «será nulo todo pacto individual o colectivo por el cual uno de los sujetos obligados a cotizar asuma a su cargo la obligación de pagar total o parcialmente la cuota o parte de cuota a cargo del otro».

A no ser que se abriera un escenario radicalmente diferente, en el que la retribución de los trabajadores por cuenta ajena funcionara como la de los trabajadores por cuenta propia. Una opción que, según advierte Jansen. en la práctica convertiría a millones de trabajadores por cuenta ajena en «falsos autónomos». Así, seguirían sujetos a las mismas condiciones de horarios, organización del trabajo y salarios impuestos por las empresas, que se libraría de sus obligaciones de «gestión de riesgos» que asume por el hecho de contratar. Y con ello, de la cuota patronal.

Aunque la legislación cambiara para amparar este nuevo sistema, supondría un golpe para las arcas públicas y de la Seguridad Social, ya que los trabajadores podrían elegir su cobertura y protección social como hacen los autónomos. También cabe preguntarse qué ocurriría con la prestación por desempleo por la que los asalariados cotizan de una manera muy diferente a los autónomos, por no hablar de la cobertura del Fogasa.

Los desconocidos gastos de gestión

El problema añadido es que la inmensa mayoría de los asalariados no tienen los conocimientos suficientes para realizar estos trámites, no hablemos ya para garantizarse una protección social adecuada o incluso evitar incurrir en errores y supuestos de fraude. Así lo apunta Omar Molina, director del Área de Laboral de Augusta Abogados y también graduado social.

Desde esta doble condición, advierte de que este plan «podría generar un aumento en la morosidad, sanciones y complicar la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social (algo que en este contexto no es aconsejable)». En este escenario sí se produciría un trasvase de gastos entre empleador y empleado, ya que asumir esta gestión supondría un gasto adicional para el segundo, tanto en tiempo como en asesorías laborales y fiscales, un coste que en la actualidad asume la empresa.

Pero desde el momento en el que los trabajadores siguen siendo considerados asalariados, las empresas no podrían desentenderse de estas cuestiones. Un serio problema para adaptar la medida, que supondría «costes extraordinarios» al modificar un sistema de gestión de la nómina. Ello sumado a la posible pérdida de bonificaciones al empleo (que quedarían en un limbo en un sistema en el que el trabajador incurre en sus trámites), añade un claro riesgo de desincentivo de la contratación.

Por si esto fuera poco, los empleados «podrían malinterpretar la liquidez que recibirían» inicialmente al cobrar el salario bruto, lo cual abre la puerta a innumerables conflictos en la gestión de las plantillas. .

Molina coincide con Jansen en que sería «más razonable «concienciar a los trabajadores sobre el coste real de su empleo, incluyendo lo que implica la gestión de sus nóminas. La transparencia en el desglose de las contribuciones de la empresa y el trabajador, «ayudaría a los empleados a valorar mejor su salario neto«.

Fuente Original: El Economista