Alerta por despidos: siguen rompiendo todos los registros y más de la mitad son ‘gratis’

Los datos del primer tercio del año confirman una tendencia inquietante para los trabajadores: un repunte del 12,4% en los despidos registrados por la Seguridad Social, hasta los 341.874. Un incremento interanual sobre unos datos, los de 2023, que ya eran récord de la serie histórica. Más de la mitad, el 54,6% corresponden a despidos ‘disciplinarios individuales’ una fórmula que no conlleva indemnización y que muchas empresas utilizan como una forma de despido ‘exprés’ o libre.

Los registros de las causas de bajas de afiliación son la fuente más actualizada para entender cómo los españoles pierden su trabajo. Junto a fuentes de Hacienda, de mediación o de asuntos judiciales, la otra gran estadística de referencia es la de Despidos y su Coste que elabora el Ministerio de Trabajo. Pero se publica con un año de decalaje (a finales de 2024 conoceremos los datos correspondientes a 2023).

Aunque el análisis de las cifras de Seguridad Social presenta algunas particularidades, como veremos, dejan claro un hecho que también reflejan el resto de fuentes: los despidos aumentan y no parecen encontrar techo en su evolución. Además, a pesar de los cambios legales aprobados y anunciados por parte del Gobierno para acabar con el ‘despido libre’, esta sigue siendo la opción mayoritaria.

El 54,6% de los despidos registrados en el primer cuatrimestre son disciplinarios individuales, una modalidad que, como hemos dicho, no conlleva indemnización. Por contra, los despidos declarados improcedentes, que conllevan la máxima de 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades, apenas llegan a 523, el 0,15% del total.

Pero estos datos tienen ‘truco’: solo reflejan lo que el empresario declara en el momento de notificar la baja de afiliación. Si se produce un acuerdo, extrajudicial o no, o una sentencia que declara el despido como no justificado (o incluso nulo), esto ya no se refleja en unas estadísticas que, como todas las de afiliación, están sujetas a una elevada volatilidad.

Esto también se aplica a los despidos por causas ‘objetivas’, que parte de una indemnización de 20 días por año trabajado, a no ser que, en la negociación o juicio posterior, se determine otra cosa. De hecho, un efecto estadístico similar al de las bajas por despido improcedente ocurre con los despidos colectivos (que siempre son por causas objetivas). Aunque en este caso son mucho más numerosas, no reflejan la totalidad de las salidas determinadas por la empresa, ya que estas se escalonan el tiempo. Por ello los datos de bajas del primer cuatrimestre 2023, por ejemplo, no recogen el incremento de procesos y trabajadores registrado en ese año.

Los despidos objetivos individuales crecen a un ritmo similar al de los disciplinarios, un 12% interanual en lo que va de año. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de estos son por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas (ETOP) todo apunta a que las empresas tienen más dificultades para mantener sus plantillas. Aunque la mayoría apuesten por una vía mucho más barata.

El (no tan) nuevo despido ‘exprés’

Por todo ello, los datos de Seguridad Social deben considerarse como un termómetro de los despidos que refleja mejor los casos individuales que los colectivos. Pero precisamente por ello son un gran indicador de la realidad del ‘despido libre’, que se apoya en los disciplinarios individuales que, a priori, son gratuitos.

Para entender este concepto hay que retrotraerse a la reforma laboral de 2012, que erradicó el conocido despido ‘exprés’. Una fórmula que permitía a la empresa reconocer la improcedencia en el momento del cese, lo que se traducía en recibir la indemnización máxima entonces tasada en 45 días por año en 42 mensualidades. Un despido más caro, pero ‘libre’ porque en la inmensa mayoría de los casos el trabajador aceptaba esas condiciones, las mejores posibles, sin denunciar.

La legislación aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy recortó el tope a los 33 días y 24 meses, pero a cambio determinó que la improcedencia debía reconocerse tras un proceso legal iniciado a instancias del trabajador despedido. La excusa era garantizar su seguridad jurídica, pero en la práctica provocó una enorme judicialización de los despidos que tampoco evitó que las empresas aprovecharan una forma de despido ‘libre’ o ‘exprés’ incluso más barata.

La clave era declarar un despido disciplinario y, una vez producida la baja, negociar una compensación con el trabajador en un acto de conciliación o incluso en un juicio. En muchos casos llegaba a la indemnización máxima, menor a la que le correspondería con la legislación anterior (aunque el contrato se hubiera firmado antes de la entrada en vigor de la nueva norma).

Esto explica que los despidos disciplinarios se convirtieran en la primera opción para despedir, pasando del 26,6% en el primer cuatrimestre de 2013 al 54,6% una década después. De hecho, superaron a los despidos objetivos individuales por causas objetivas (de indemnización a 20 días) a pesar de que la reforma había clarificado las condiciones económicas, técnicas, organizativas y productivas (ETOP) que permiten considerar un despido como objetivo o justificado. Un cambio que se produjo en el que se considera el momento más intenso de la Gran Recesión.

Sin embargo, la reforma laboral de 2021 no cambió la legislación del despido establecida una década antes. La entonces ministra de Trabajo de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, asumió que volver a elevar las indemnizaciones era una línea roja imposible de cruzar. Pero diseñó, junto a los sindicatos, un plan para endurecer la causalidad y cerrar la puerta al ‘despido libre’. UGT y CCOO denunciaron la legislación española ante el Comité Europeo de Derechos sociales por incumplir la Carta Social Europea porque el tope puesto a la compensación por despido improcedente o injustificado era poco disuasoria y compensatoria en algunos casos.

El organismo europeo les dio la razón en una decisión anunciada hace unos meses, pero cuyo contenido el Gobierno guarda bajo llave mientras discute una propuesta de reforma de la que no ha trascendido ni una línea. Un cambio legal que urge porque muchos tribunales han dictado sentencias en las que, invocando la Carta Social y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e incluso la resolución del CEDS (pese a que su contenido detallado no se conoce), para dictar indemnizaciones superiores a los 33 días.

A esto se suma que los cambios en legislaciones sociales introducidos en la legislatura anterior han elevado los supuestos de nulidad, lo que hace que muchos casos en los que antes se pedía una compensación extra se solicite la anulación del cese, lo que implica la reincorporación.

¿Por qué se despide en España?

Pero esta incertidumbre, denunciada por los abogados laboralistas, no tienen reflejo en las estadísticas. En un contexto en el que el empleo recoge máximos, se producen más despidos que nunca (o al menos desde que existen registros comparables).

En este punto conviene recordar que un fijo y un eventual cobran la misma indemnización en caso de despido, aunque los temporales perciben una menor de 12 días si su contrato finaliza en la fecha prevista. La reforma laboral ha provocado que los despidos de indefinidos, que eran la mayoría antes (un 72%) lo sean aún más y alcancen el 93%, mientras los temporales han bajado del 28% al 7%. En cualquier caso, un incremento del peso de los indefinidos en los despidos parece apuntar a una mayor inseguridad de estos empleos.

Queda además la duda de que las bajas de afiliación no recojan todos los despidos que se producen y buena parte de ellos muchos entren en la categoría de «bajas no voluntarias por otras causas». Una gran categoría cajón desastre que recoge todas las causas no imputables al trabajador y que en la última década ha ido reduciéndose según la Seguridad Social ha mejorado sus registros, pero que en el último año también crece a un ritmo del 14%, superior al de los despidos ‘propiamente dichos’.

Pero achacar estos datos a un mero incremento de la contratación indefinida o un ajuste estadístico supone soslayar la cuestión de fondo: ya sea por la incertidumbre económica, el temor a un endurecimiento de la regulación o una precarización del empleo indefinido, los despidos siguen batiendo los registros. Una tendencia que también se reflejan en los ceses por no superar el periodo de prueba que, aunque no se consideran despidos, rozan las 300.000 en los que va de año, tras crecer un 6% interanual.

Fuente Original: El Economista