La obligación para pymes y autónomos de emitir facturas digitales se retrasará a 2027
La Agencia Tributaria mantiene congelada la obligación de que pymes y autónomos facturen en formato electrónico. Según fuentes consultadas de toda solvencia, la Administración tiene paralizado este proyecto, del que aún no se ha aprobado el Real Decreto para desarrollar el reglamento, y se retrasará a 2027, al menos, para quienes ingresen menos de 8 millones de euros al año.
Esta obligación, que pone fin a la facturación en papel, nace de la Ley Crea y Crece de 2022 y consiste en que todas las empresas y profesionales tendrán que elaborar facturas en formato digital para sus clientes y proveedores con el objetivo de que se pueda monitorizar su pago y evitar la morosidad.
La medida es distinta a la que emana de la Ley Antifraude de 2021 y obliga a empresas y profesionales que ingresen menos de 6 millones de euros a intercambiar datos de su facturación y contabilidad de forma inmediata con el fisco en 2026.
La factura electrónica exige que pymes y autónomos elaboren estos documentos en formato digital tal y como lo hacen en papel, de modo que se recojan todos los datos de la factura y los motivos del servicio. Mientras que la obligación de intercambio de información con el fisco no supone hacer las facturas en formato electrónico sino que simplemente exige remitir determinados datos de la misma como el emisor, el número de serie, la fecha o el importe.
El proyecto de la factura digital lo lidera el Ministerio de Economía, Comercio y Empresas, aunque es la Agencia Tributaria quien lleva su gestión técnica. Economía sacó a audiencia pública en junio de 2023 el Proyecto de Real Decreto para desarrollar el reglamento de la facturación electrónica pero nunca llegó a aprobarse.
Este borrador establecía que las empresas y autónomos con una cifra de negocio superior a los 8 millones de euros anuales tendrían que digitalizar sus facturas al año de la aprobación del Real Decreto, mientras que quienes tuvieran unos ingresos por debajo de ese umbral, debían hacerlo a los dos años. De este modo, por muy rápido que se aprobara un nuevo reglamento, la obligación no entraría en vigor para las empresas y profesionales más pequeños hasta 2027.
Hacienda busca paliar costes
Una de las mayores críticas de las asociaciones de pymes y autónomos a esta obligación es el coste que supondrá hacerse con un sistema que les permita emitir las facturas de forma electrónica. Para ello, la Agencia Tributaria ya informó en 2023 que desarrollaría una aplicación gratuita para estos profesionales aunque, «bajo determinadas condiciones y requisitos» que quedaron sin especificar. Aunque se interpretó que solo iría dirigida a los negocios con menor volumen de facturación.
Ahora, el PSOE ha incluido una enmienda al Proyecto de Ley del Impuesto mínimo del 15% complementario al de Sociedades para tratar de sacar adelante la aplicación de facturación electrónica elaborada por la Agencia Tributaria. El texto propone que la Administración fiscal «desarrollará y gestionará, en los términos que se establezcan reglamentariamente, una solución pública de facturación electrónica». No obstante, en esta ocasión el texto no hace mención alguna a que solo podrá ser utilizada por empresas y profesionales que menos facturen, con lo que se da a entender que podrá utilizarla cualquier sociedad o profesional.
El uso de esta plataforma pública será voluntario, aunque las compañías o autónomos que opten por una solución privada, deberán luego remitir a Hacienda «copia fiel de cada factura» y de la información sobre si se ha pagado.
Fuente Original: El Economista