Otro dato que alimenta la polémica: hay 1,6 millones apuntados al paro sin contar como parados
El Gobierno en funciones sigue sacando pecho por los datos de desempleo, después de que el pasado agosto cerrara con el menor número de parados registrados en ese mes desde 2008. Se recortaron un 7,57% respecto al miso mes del año anterior. Sin embargo, el número de demandantes de empleo ‘no parados’ se ha disparado un 14,69%, hasta los 1,65 millones. Se trata del máximo de la serie histórica para ese mes, descontando los años de la pandemia. Pero las cifras de 2023 se registran en un contexto muy diferente y despiertan dudas no solo sobre la fiabilidad de las estadísticas que publica el SEPE, sino sobre la eficacia de la reforma laboral aprobada a finales de 2021.
El pasado mes había 4.349.690 demandantes de empleo inscritos en los servicios públicos de empleo autonómicos y estatal. De ellos, 2.702.700 estaban contabilizados como parados registrados. Suponen por tanto el 62,1% del total, el porcentaje más bajo desde 2005, si no tenemos en cuenta los dos ejercicios más afectados por la crisis sanitaria.
La tasa se desplomó del 69% de 2019 al 48% en agosto de 2020 por la incorporación de 3,38 millones demandantes ocupados o con relación laboral. La causa, obviamente, fueron los afectados por ERTEs. Un año después, la cifra de se redujo casi a la mitad 1.699.685 y el peso de los parados registrados escaló al 59%.
En agosto 2022, cuando la normalidad estaba casi plenamente recuperada y la reforma laboral cumplía sus primeros meses en vigor, el porcentaje del desempleo ‘oficial’ sobre el total se había recuperado hasta el 67%, un nivel mucho más cercano a los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, en 2023 ha vuelto a perder cinco puntos. ¿Qué ha ocurrido?
Historia de una polémica
La polémica sobre la fiabilidad de las estadísticas de paro ya estalló durante los primeros meses de la pandemia, cuando el Gobierno, patronal y sindicatos pactaron una regulación exprés de los ERTEs para evitar despidos en las empresas obligadas a interrumpir su actividad por los confinamientos a cambio de que un porcentaje de su salario se cubriese con prestaciones por desempleo.
Esta solución no impidió que el paro subiera, pero sí que se disparara a los niveles de la crisis financiera (en agosto de 2020 llegó a 3.802.814, por debajo del récord de 4.698.783 del mismo mes de 20213). Ello pese a que el total de demandantes sí alcanzó un indiscutible récord histórico de 7,8 millones.
Ello disparó las acusaciones de ‘maquillaje’ de las cifras en la pandemia, ya que muchas voces interpretaron que se estaba haciendo pasar por ocupados a personas sin empleo. Y es que los trabajadores en ERTE no cuentan tampoco para las bajas de afiliación ni en las estadísticas de paro del INE, ya que su relación profesional no se ha interrumpido.
Pero dos años después, con los ERTEs en mínimos, el dato de demandantes ocupados o con relación laboral supera los 1,1 millones, el mayor dato de la serie histórica descontando los ejercicios marcados por la pandemia. Solo se le acerca agosto de 2012, cuando entró en vigor la reforma laboral del PP y se llegaron a 1,02 millones. Si entonces no hubo polémica fue segurament, debido a que el número de parados registrados era un 71% superior al de hoy.
¿Qué es un parado?
En este punto conviene recordar que la definición de paro registrado que maneja el SEPE no solo excluye a los demandantes vinculados a un empleo: también a las personas sin empleo que no están buscando activamente empleo o no están disponibles inmediatamente para incorporarse a un puesto.
En esta categoría, conocida como «demandantes no ocupados» (DENOS) entran desde los perceptores del antiguo PER a los parados que realizan un curso de formación (cuya demanda se suspende temporalmente, aunque cobran el paro), a aquellos con disponibilidad limitada o que demandan empleos en condiciones muy «específicas».
El Gobierno no se cansa de recordar que todas las exclusiones se amparan en una orden ministerial de 1985 y deriva de la definición de paro de la OIT. Nunca se ha cuestionado, aunque otra cosa es como se desglosen estos colectivos en las estadísticas y el impacto de las revisiones en la forma de elaborar las estadísticas de paro, que sí se ha modificado en varias ocasiones desde entonces.
El formato actual deriva de la reforma de 2005, que convirtió el antiguo Inem en el SEPE y consagró la transferencia de la gestión de las demandas a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.
En cualquier caso, las cifras de demandantes sin empleo que no cuentan como parados repuntaron durante la pandemia, pero en mucha menor medida. Alcanzaron un récord de 617.795 en agosto de 2020, un 31,3% más que un año antes, pero esto se debió al auge de desempleados con disponibilidad limitada, que no podían incorporarse a un empleo por los confinamientos o por tener que cuidar a familiares.
En los años sucesivos la cifra de desempleados ‘no parados’ se ha reducido, aunque se mantiene por encima de los años inmediatamente anteriores a la pandemia. Así, en 2023 ha repuntado un leve 1,5 interanual, hasta los 498.056. En cualquier caso, sigue por debajo de los niveles de la crisis financiera.
Esto nos llevaría a pensar que la ‘distorsión’ en las cifras de paro durante la pandemia se debió ante todo a los demandantes con empleo, y en especial los afectados por ERTE y, por lo tanto, fue puntual. Pero entonces, ¿por qué se incrementa de nuevo en 2023, cuando la presencia de las regulaciones temporales de empleo es prácticamente residual? Aquí entra la reforma laboral.
Como dos años antes ocurrió con los ERTEs, la norma impulsó una figura que ya existía en nuestra legislación, pero cuyo uso se limitaba a ciertos sectores, como el turismo, y ni siquiera de manera general: los contratos indefinidos fijos discontinuos. Gobierno, patronal y sindicatos lo consideraban una figura que serviría para que las empresas se adaptaran a la desaparición de los contratos temporales por obra y servicio, como una puerta a los indefinidos ordinarios.
Muchas voces advirtieron del riesgo de que los fijos discontinuos se convirtieran en una forma de ‘maquillar’ la temporalidad del empleo, ya que estos trabajadores dependen de actividades eventuales, aunque sean recurrentes. Cuando estas concluyen, no son despedidos ni se concluye el contrato (como ocurre con los temporales), sino que pasan a la «inactividad». Y en esta situación, a diferencia de lo que ocurre en un ERTE, se les da de baja de afiliación y pueden apuntarse al paro con la opción de cobrar una prestación. Pero no cuenta como parados registrados.
El misterioso demandante con empleo
¿Donde se incluyen? En principio, en la casilla de los demandantes con relación laboral, donde también figuran todos los demandantes con un trabajo en activo. Aunque su registro ha dado no pocos quebraderos de cabeza a los funcionarios en el último año, incluyendo una importante revisión de demandantes que obligó a ‘borrar’a casi 70.000 parados registrados entre octubre y noviembre del pasado año que en realidad eran fijos discontinuos inactivos (y por tanto se habían contabilizado incorrectamente).
Parece que estos errores se han resuelto por completo en 2023, aunque Gobierno y comunidades autónomas siguen sin ofrecer cifras concretas de cuantos demandantes de empleo con relación laboral. Desde los propios organismos implicados se apunta a que la complejidad viene de determinar cuántos de ellos están inactivos realmente y cuantos han sido llamados por sus empresas, por lo que están trabajando y recibiendo un sueldo.
Los que cobran una prestación sí deben notificar al SEPE que han vuelto a ser llamados para evitar ser sancionados, pero los que no perciben ayudas no necesitan hacerlo. Además, muchos fijos discontinuos que no han cotizado lo suficiente para cobrar el paro no se inscriben como demandantes.
Para complicar aún más las cosas, la diferencia entre demandantes con relación laboral y ocupados no está clara. Aunque, en teoría, los segundos incluyen a los afectados por ERTE, los que compatibilizan prestación y empleo a tiempo parcial o los que realizan trabajos de colaboración social, y los que tiene una relación laboral a las personas que están trabajando, pero se apuntan como demandantes para encontrar un empleo.
Lo que está claro es que, superada la pandemia, esto son los que se han disparado por la reforma laboral, mientras que los ocupados, que ante les superaban, están en su mínimo histórico. De hecho, parece que los demandantes con relación laboral han absorbido a buena parte de los beneficiarse del antiguo PER, aunque esto puede deberse al auge del contrato fijos discontinuos en la agricultura.
Esta falta de claridad en la presentación de las estadísticas del SEPE ha llevado a muchos expertos a considerar que, pese a que la ingente cantidad de datos que presentan cada mes (hablamos de más de medio millar de páginas de información estadística con datos sectoriales y territorializados) no sirvan para tomar el pulso al mercado laboral.
El Gobierno se ha comprometido a clarificarlo, pero el ciclo electoral ha frustrado estos trabajos. En cualquier caso, el fuerte repunte de los demandantes ‘no parados’, en especial entre los que tienen una relación laboral, augura que la cuestión está muy lejos de desaparecer del debate laboral.