Los despidos rompen todas las marcas en 2023, pero los despachos avisan: lo peor está por llegar

A falta de conocer los datos de los tres últimos meses del año, ya se puede dar por hecho que 2023 cerrará como el ejercicio con mayor número de bajas de afiliación por despido de la última década. Hasta septiembre se habían registrado 735.416, un 28% más que en 2022, superando con creces los peores momentos de la pandemia. Pero los despidos objetivos por causas económicas crecen aún más, un 35% y superan el umbral de las 300.000: una señal clara de que la incertidumbre hace cada vez más mella en las plantillas. Pero según avisan los despachos de abogados, lo peor está por venir.

La resistencia del mercado laboral en los últimos dos años ha rebatido con contundencia los pronósticos más pesimistas. Ni la inflación, ni las subidas del SMI, ni, por supuesto, los cambios introducidos en la reforma laboral parecen haber hecho mella en el empleo, que ha seguido creciendo de manera intensa, si bien insuficiente para que nuestro país deje de registrar la mayor tasa de paro de la Unión Europea y la segunda mayor tasa de temporalidad. Aunque en este balance hay que tener en cuenta el fuerte rebote de la actividad tras la crisis sanitaria y el fin de los confinamientos, que podría haber compensado cualquier hipotético efecto adverso de estas medidas.

En este sentido, hay varias estadísticas que no parecen casar con un saldo tan positivo de la evolución del empleo como el que presenta el Gobierno. La más chocante es la de las bajas de afiliación por despido, que en 2022 y 2023 se han disparado a niveles inéditos en los últimos diez años (hasta donde se remonta la serie histórica de la Tesorería General de la Seguridad Social) sin que su incremento parezca tocar techo.

El Gobierno ha ninguneado estos datos porque no parecen estar teniendo impacto en las cifras de desempleados. Aunque, como ya explicamos en elEconomista.es, buena parte de los afectados por despidos pasan directamente a la inactividad y renuncian a buscar activamente un trabajo; es decir, ‘desaparecen’ de la población activa y con ello de las estadísticas de paro.

Pero la explicación principal a la aparente ‘irrelevancia’ de este incremento de las bajas por despido puede estar en la volatilidad del empleo que, tras la reforma laboral, parece haberse trasladado de los temporales a los indefinidos. Muchos analistas destacan que las empresas recurren a las bajas por no superar el periodo de prueba (que se han disparado hasta alcanzar una cifra similar a la de los despidos) para ‘emular’ lo que antes hacían con los eventuales, especialmente los contratados bajo la desaparecida modalidad de obra y servicio. Pero esto también se estaría produciendo en los despidos, como muestra la evolución de los justificados como disciplinarios, también sin indemnización.

Esta una fórmula que permite prescindir de trabajadores tras un periodo de varios meses (más tiempo del que permite el periodo de prueba), si bien la empresa corre el riesgo de que el despido acabe siendo declarado improcedente y con ello se logre la indemnización máxima de 33 días por año trabajado. Sin embargo, pocas veces se llega a este extremo y la compensación se pacta en un acuerdo extrajudicial. Con un coste bajo, además, ya que se trata de empleos de corta duración que de reclamarse supondría el ‘peor’ de los casos (para la empresa, se entiende) abonar una indemnización reducida.

Con ello se ha acabado convirtiendo en una alternativa barata al despido ‘exprés’ que, supuestamente, eliminó la reforma laboral de 2012 y que se usa con mayor intensidad tras la aprobada a cierre de 2021. En los nueve primeros meses de 2023 se han registrado 402.010 bajas por despido disciplinario, el 54,7% del total y un 26,1% más que en 2022. Esta es precisamente la vía que el Gobierno quiere atajar con su reforma del despido, basada en reforzar la causalidad del despido y elevar las indemnizaciones cuando sea declarado improcedente en función del perjuicio causado al trabajador.

Parece que la fortaleza del mercado laboral ha logrado ‘absorber’ el auge de los despidos de estos trabajadores, ya que no suponen un incremento del paro. Pero no olvidemos que se trata de empleos de corta duración, lo que en la práctica esto supone que, aunque no se destruya empleo en términos netos, se perpetúa buena parte de la volatilidad del mercado laboral que la reforma pretendía combatir. En ese sentido, no parece que la situación tenga visos de revertirse ni siquiera con el cambio legal proyectado por Yolanda Díaz.

Más despidos con causa

En la discusión política sobre los despidos disciplinarios o improcedentes, se ha perdido de vista que cada vez hay más despidos por causas objetivas. Han crecido un 34% en el último año y alanzan las 308.606. Hablamos de despidos con una indemnización de 20 días y una causalidad plenamente justificada.

En este caso es difícil achacarlo a un trasvase de la temporalidad o mera ‘picaresca’ de las empresas. Hay despidos objetivos justificables «por las condiciones del trabajador sobrevenidas que impiden la funcionalidad de un puesto de trabajo» (ejemplos clásicos son la ‘ineptitud sobrevenida’ o la negativa de este a trasladarse en caso de cambio de ubicación del puesto y la imposibilidad por parte de la empresa de ofrecerle una alternativa), pero suponen menos de 8% del total.

En el 91,75% de los casos estamos hablando de supuestos en los que las causas son achacables a problemas de la empresa, que pueden ser de índole económicas, técnica, organizativa o productiva (conocidas con el acrónimo ETOP). Se disparan un 35% en el último año, un 90% respecto al nivel de 2019 y un 56% desde las cifras de 2020.

Su repunte es significativo porque son precisamente el tipo de ceses que el Ejecutivo trató de limitar durante la pandemia con su «prohibición» de despedir por causas ETOP derivadas de la crisis sanitaria o las consecuencias de la guerra de Ucrania. Aunque la jurisprudencia establece que no se trata de una verdadera prohibición de despedir (es decir, no había nulidad) la medida sí ha supuesto una indemnización mayor en estos casos, ya que el despido, si bien no se revertía, se declaraba improcedente. Aun así, las empresas recurren a ellos cada vez más. De hecho, solo en el mes de septiembre se registraron 37.746 bajas por un despido ETOP, el mayor dato de toda la serie histórica (que se remonta a 2013) después de marzo de 2020, cuando estalló la pandemia.

Con ello tenemos un escenario en el que tanto los despidos disciplinarios como los objetivos están llegando niveles inéditos que superan incluso los últimos coletazos de la crisis financiera. Pero esto puede ser solo el principio.

El socio laboral de Gómez-Acebo y Pombo, Ignacio del Fraile, habla de un «goteo incesante» de despidos individuales por esta causa que responde a que las empresas han preferido optar por esta vía antes que por otras fórmulas como los despidos colectivos. Las bajas por este motivo han aumentado un 6,6% en el último año y un 13% desde los niveles de 2019, pero siguen por debajo de los niveles de los últimos años de la crisis financiera. En cualquier caso, como los despidos colectivos se estructuran en salidas repartidas a partir de largos periodo su impacto no se aprecia correctamente en los datos mensuales de afiliación.

Pero los laboralistas como Del Fraile si detectan consultas de las empresas sobre ajustes de plantilla que apuntan que también esto puede cambiar en 2024. La incertidumbre económica seguirá lastrando la actividad, pero también la política. Sin salirnos del ámbito estrictamente laboral, la nueva ofensiva de cambios legales no solo para endurecer los despidos, sino también para subir el SMI y reducir la jornada (ambos afectan directamente a los costes laborales) pueden anticipar las decisiones de las empresas. Ninguno de las medidas implantar las por el gobierno para tratar de limitar los ajustes sirve para impedirlo.

Ante lo que las empresas transmiten, los despachos estiman un año complicado en materia de despidos, tanto por la difícil situación de muchas empresas como por los problemas derivados de una reforma de los despidos que se antoja conflictiva, ante todo porque su alcance no está nada claro. Y, si ocurre como con las prohibiciones de despedir de la pandemia puede convertirse en una fuente de litigiosidad constante en la próxima Legislatura.