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Las prestaciones por desempleo dan la voz de alarma: suben casi un 6% pese a la caída del paro

Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) revelan una sorprendente contradicción entre la evolución de la protección social de las personas sin trabajo y la del propio mercado laboral. Pese a la reducción del paro, los beneficiarios de estas ayudas se mantenían prácticamente sin cambios, incluso con un repunte del 0,9%. Lo más sorprendente es que la moderación solo se produce en el nivel asistencial, esto es, el de los subsidios y rentas de inserción. Las personas que cobran una prestación contributiva, la primera a la que un desempleado tiene derecho tras dejar de trabajar, crecen a un ritmo interanual del 5,4%: exactamente el mismo porcentaje en el que se recorta el paro registrado. La clave parece estar en el incremento de los afectados por despido y los fijos discontinuos.

Y es que el gasto en prestaciones por desempleo es un termómetro no solo de la destrucción de empleo, sino de la calidad del que se crea. En 2019 ya se registró una evolución similar a la actual: el paro bajaba, pero las prestaciones repuntaban. Entonces saltaron las alarmas por lo que suponía una clara desaceleración del mercado laboral, como ocurre hoy. Pero el efecto aquellos momentos se concentraba en la caducidad de un empleo eventual. Es decir, a una volatilidad del mercado laboral. Sin embargo, pese a que ahora hay más contratos indefinidos, la situación no parece haber mejorado. De hecho, los perceptores de prestaciones contributivas se han incrementado un 1,8% desde entonces, pasando de 770.109 a 783.907, a pesar de que el paro registrado ha caído un 17% en los últimos cinco años.

Así, los trabajadores que cobran el paro al término de un contrato temporal han retrocedido un 52% respecto a septiembre de 2019, de 332.110 a 162.069, mientras los afectados por despido se han disparado un 42%, hasta los 328.489. Por su parte, los fijos discontinuos inactivos han crecido un 187%.. Estos dos colectivos siguen explicando el grueso de la subida del número de beneficiarios de prestaciones en el último año, aunque el peso de los que han sufrido un cese es bastante mayor.

El coste medio de la prestación ha aumentado, de 27,55 en septiembre de 2019 a 32,96 euros. Pero esto no se debe a que los empleos sean mejores, sino a que en 2022 el Gobierno derogó el recorte en las prestaciones aprobado por el PP una década antes. Este cambio supone que, a los seis meses, la prestación pasa de calcularse sobre el 60% de la base de cotización, en lugar del 50% precedente. ¿Qué significa esto? Que el incremento de la nómina de los beneficiarios no se debe a que fueran empleos de mayor calidad (con mejores salarios, más tiempo cotizado y que genera prestaciones más altas), sino a aquel cambio legal.

En todo caso, la tendencia en lo que va de 2024 arroja indicios inquietantes. El pasado mes de septiembre, 1,7 millones de personas cobraban una prestación por desempleo. Los beneficiarios del nivel contributivo sumaban 783.907, 39.885 más que en el mismo mes de 2023, pese a que el paro registrado se ha reducido en 147.183 personas. Los beneficiarios del nivel asistencial, que suponen 833.587 sí han retrocedido, pero solo un 1,7%. Los que cobran el subsidio de paro, que suman 685.194 (un 40,2% del total) solo han descendido en un 0,8%.

¿Una tasa de cobertura ‘inflada’?

Esta evolución tan dispar ha supuesto un repunte de la tasa de cobertura a un histórico 72,2% en lo que va de año. Son 4,5 puntos porcentuales más que hace un año. El Gobierno lo achaca a una mejora de la protección por desempleo tras derogar los recortes aprobados por el PP, pero esta afirmación admite bastantes matices. Sobre todo, estadísticos.

Hay que recordar que la tasa se calcula como la división entre el número de beneficiarios de prestaciones y subsidios y el de la suma de parados registrados con experiencia laboral y beneficiarios del subsidio agrario (antiguo PER). El número de desempleados registrados, con experiencia laboral, durante el mes de septiembre de 2024 fue de 2.334.247. Son el 90% del total y un 5,7% menos que hace un año.

Aunque hay un caso extremo: Baleares, que lleva su tasa al 140,7%. ¿Qué significa esto? Que hay más personas cobrando el paro que parados que han cotizado para hacerlo. Una paradoja que solo se explica por los fijos discontinuos que han visto suspendido su contrato al pasar a la inactividad y pueden cobrar una prestación.

Es una situación similar, aunque de menor intensidad, que la que provocaron los afectados por ERTE durante la pandemia: según la Ley General de la Seguridad Social ambos son consideradas «personas en situación legal de desempleo», si bien no computan para el cálculo del paro registrado, que solo recoge a quienes buscan no trabajan, pero buscan activamente empleo y están disponibles para hacerlo. Un supuesto en el que no se encuentra una persona con una relación laboral ‘vigente’, aunque esté suspendida.

El ejemplo de Baleares representa a una región en la que la actividad estacional vinculada con el turismo la desempeñan trabajadores con este tipo de contrato. Pero desde la reforma laboral, el peso de los fijos discontinuos se ha incrementado sustancialmente y en cada vez más sectores. Eso implica que los que cobran una prestación también lo han hecho. La mayoría solo cobra el nivel contributivo.

Este no es el único efecto de los fijos discontinuos sobre las prestaciones. Y es que muchos trabajadores agrarios han pasado a trabajar bajo esta modalidad, lo que ha reducido los beneficiarios de la renta y subsidios agrarios (equivalentes al antiguo PER), que caen a un ritmo del 5,5% y 6,4% interanual respectivamente.

¿Pero cuántos fijos discontinuos hay cobrando una prestación contributiva sin contar como parados? En septiembre eran 90.370, un 11,5% del total y un 4,2% más que hace un año. Sin embargo, están lejos de ser el factor determinante que explica el incremento de las prestaciones en el último año. Este papel corresponde a los despidos.

El lastre de los despidos

El 41,9% de las personas que cobraban una prestación el pasado mes de septiembre había sido víctima de un despido individual. Suponen un 328.489, un 9,24% más que en el mismo mes de 2023 (y, como hemos dicho, un 42% más que en 2019). Es decir, si se descuentan los fijos discontinuos, seguramente las prestaciones seguirían aumentando, ya que los despedidos compensarían la moderación interanual en los que acceden al paro tras el fin de un contrato temporal, los afectados por ERTE o las víctimas de despidos colectivos.

La evolución de las prestaciones contributivas es llamativa si la comparamos con el descenso del 2,5% en los beneficiarios del nivel asistencial. Al mencionado retroceso de los que perciben la renta agraria se suma el desplome del 9,8% de los beneficiarios de la Renta Activa de Inserción. Pero recordemos que los subsidios por desempleo, que suman 685.194 beneficiarios, el 40% del total, apenas se han reducido en un 0,8%.

Esta evolución apunta a que el paro de larga duración permanece enquistado, en especial por los mayores de 55 años que, según reconoce el SEPE, «en su gran mayoría perciben el subsidio hasta la edad de jubilación». Pero el auge de los despidos está generando un nuevo tipo de dualidad entre indefinidos de corta duración y más estables, similar a la que antes provocaban los temporales.

Aun así, la incógnita sobre la evolución de prestaciones y subsidios sigue provocando dudas sobre la fortaleza del mercado laboral. Algo que ha llevado al Gobierno a mover ficha. El próximo 1 de noviembre, de la reforma de la protección por desempleo que, aunque se centra en el nivel asistencial, es decir, los subsidios, también incluye importantes novedades que también afectan a los beneficiarios de la prestación contributiva, incluyendo la obligación de hacer la declaración de la Renta ya el próximo año, bajo pena de perder la ayuda.

Aunque los efectos fiscales dependen de las circunstancias e ingresos de cada desempleado, es innegable que la medida no tiene un objetivo recaudatorio busca controlar mejor la situación de todas las personas que cobran una prestación, tanto subsidio asistencia como también prestación contributiva.

Sin embargo, el Ejecutivo es reacio a explicar el objeto de esta ‘fiscalización’ sobre los parados. Al ser preguntado directamente por elEconomista.es sobre las cuestiones planteadas en este artículo, el departamento que dirige Yolanda Díaz no ha dado respuesta alguna.

Fuente Original: El Economista

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