La jornada de 37,5 horas amenaza a las pymes con un coste de 11.800 millones
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas afectaría a 8,8 millones de trabajadores que verían mermado su horario de trabajo semanal en un 2,8%, y tendría un coste directo de 11.800 millones de euros en las empresas, con especial hincapié en los micro y pequeños comercios. Esto se debe a que las empresas que cuentan con menos de 49 trabajadores, tiene una menor capacidad de asumir gastos para contratar más personal y cuentan con menos oportunidades de captación en el mercado.
Esta situación también se agrava en función de los sectores, siendo los dedicados a las actividades inmobiliarias (99,8%), hostelería, (99,5%) agroganadería (96,8%) y comercio (96,6%) los más afectados, ya que son los que tiene un mayor porcentaje de asalariados con una jornada pactada de más de 37,5 horas semanales. Todo lo contrario pasaría a los trabajadores que se dedican a la educación (25,7%), finanzas y seguros (7,6%) o las Administraciones Públicas (4,6%), siendo éstos los menos afectados en la reducción de la jornada laboral por el horario pactado, que sobrepasa por poco las 37,5 horas semanales.
En el segundo trimestre de 2024 la productividad de la pequeña y mediana empresa española fue un 2,3% inferior a la de un año antes y un 1,7% menor que la del mismo trimestre de 2019. El sector encadena así seis trimestres consecutivos de retrocesos en una variable que ya está en mínimos. En un contexto así, patronales, expertos y profesionales alertan del año que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas provocaría en la pequeña y mediana empresa. El Ministerio de Trabajo busca, desde el final del verano, volver a impulsar esta medida y los sindicatos presionan, con movilizaciones desde septiembre para que se imponga, ignorando la clara oposición que CEOE ejerce.
Por este motivo, Cepyme insiste en que la reducción del tiempo de trabajo debería hacerse teniendo en cuenta la productividad y la rentabilidad de las pymes ya que de salir adelante la medida impulsada por Trabajo manteniendo las remuneraciones en sus niveles actuales, tendrá un coste, como mínimo, de 11.800 millones de euros para las empresas, gasto que no va a poder ser afrontado por las pymes.
En el informe titulado Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme. Edición junio 2024, la confederación dirigida por Gerardo Cuerva, resalta que la disminución del volumen de ventas por empleado aumenta el coste laboral por unidad vendida, lo que afecta negativamente la capacidad de inversión de las empresas. La productividad actual es 2% inferior a la de 2015, e incluso 9,7% más baja que la del primer trimestre de 2011. Con lo expuesto, Cepyme anticipa que la reducción de jornada puede desencadenar una mayor caída en la producción, la contratación de nuevos empleados y la realización de horas extras.
Sin argumentos sólidos
En la misma línea de la patronal de las pequeñas y medianas empresas, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), expuso que la propuesta de reducir las horas de trabajo impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, carece de argumentos sólidos. «No hay evidencia de que trabajar menos horas aumente la productividad suficientemente como para compensar la reducción de jornada. Lo que se producirá es un incremento de los costes empresariales y todo va a depender de la posibilidad que tengan las compañías de trasladar esta subida a sus clientes», detalla el experto en Macroeconomía y Economía Laboral, Marcel Jansen.
El especialista de Fedea afirma que el imponer el anteproyecto de ley en las pequeñas y medianas empresas «es un error máximo». «Si se aplica el recorte horario se van a presentar muchas complicaciones para las pymes en las que sus horas de apertura no coincidan con las horas máximas de actividad económica y eso les planta dos posibilidades. O reducir las horas de atención a los clientes o contratar adicionalmente a más trabajadores», detalla. Jansen agrega que en el primer caso es muy costoso porque pierden beneficios, y en el segundo supuesto puede resultar muy caro en remuneraciones, por lo que sostiene que el impacto negativo es inminente. «El no reducir el salario y aumentar los costes de la empresa va a perjudicar el crecimiento salarial de los próximos años», refiere. «En vez de pensar cómo suavizar la propuesta se debería pensar si realmente hay que imponerla», precisa el experto de Fedea que, a priori, estima que «reducir la jornada y pagar el aumento del coste a través de subvenciones es un disparate» que va a afectar con especial ímpetu a los emprendedores, debido a que en «una gran empresa si se cambia la jornada, contando con 100 o 103 empleados, es un ajuste relativamente fácil».
En la imposición heterogénea de la medida que plantea el Gobierno, Cepyme identifica que los sectores que resultarán más afectados son los de bajo valor añadido como la hostelería y el comercio, donde hay horarios amplios de apertura y cierre; y los empleados cuentan con jornadas de 40 horas. Para rebajar el tiempo a 37,5 por semana, las actividades deberían reducirse un 4%. En otros sectores empresariales, donde ya se aplican jornadas menores, como por ejemplo en el caso del convenio de Telefónica que contempla 36 horas semanales no habría problemas. Así también en la Administración Pública, finanzas y seguros, y Educación, donde el tiempo de trabajo medio debería recortarse menos de 1%.
Cabe detallar que el estudio desarrollado por Cepyme informa que al tener en cuenta cada actividad económica con distintos tramos de duración de la jornada pactada, se puede estimar que el recorte planteado por el Gobierno implicaría la pérdida de 12,5 millones de horas por semana, lo que equivale al 2,8% del tiempo de trabajo total.
Perjuicio de pymes y autónomos
Tras alertar de la pérdida de 72.800 autónomos empleadores en el último año, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha ratificado que la reducción de horas de trabajo propuesta ocasionará un perjuicio en los trabajadores autónomos, y calificó de «absolutamente impreciso» el plan de ayuda a la pequeña y mediana empresa denominado «Pyme 375».
Para ATA, las características del planteamiento de la reducción de jornada hasta el día de hoy, ahondan en el «intervencionismo de las relaciones laborales y el desprecio de la negociación colectiva». Por otro lado, el especialista de Fedea, Marcel Jansen, considera que el Gobierno debería dejar la propuesta de reducción de jornada en manos de la negociación colectiva para centrar su atención en otros puntos verdaderamente relevantes.
«En España tenemos más problemas con la conciliación que en otros países, una de las razones es porque la jornada partida sigue existiendo en muchas empresas de diferentes sectores», explica Jansen. Añade que «hay una pausa obligada de mucha duración», que reduce el tiempo que los trabajadores comparten con sus familias.
El especialista en mercado laboral incide en que racionalizar la jornada debería ser uno de los acuerdos que la cartera de Yolanda Díaz debería priorizar hasta conseguir un cambio que «realmente puede contar con un sólido argumento económico».
Desde Fedea consideran que el anteproyecto de ley impulsado por Yolanda Díaz está mal pensado y diseñado «por lo que difícilmente llegará a contar con un apoyo mayoritario en el Parlamento». En este punto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, también confesó meses atrás que temía que todo su esfuerzo por sacar adelante la reducción de la jornada laboral pueda caer en el Congreso de Diputados porque, según dijo, «tenemos un país anómalo». Por ello, ha reflexionado que no todo depende que salga adelante el diálogo social. Esto se desarrolla en un contexto en el que los trabajadores por cuenta propia realizan de media 24.000 horas más que los empleados por cuenta ajena.
Tendencia de los últimos 20 años
Desde Cepyme, ponen de manifiesto la necesidad de contextualizar el debate actual poniendo de manifiesto cuál es la situación real de la jornada laboral en España y cómo ha sido su evolución en las últimas dos décadas, donde se muestra una clara tendencia a la baja frente a la que el Ministerio no debería cerrar los ojos.
En concreto, la jornada pactada en convenio pasó de una media de 40,4 horas por semana en 1983 a 38,4 horas veinte años más tarde. Desde entonces, se ha mantenido con pocos cambios, siendo 38,3 horas en 2023. En el caso de los convenios de ámbito de empresa, la reducción ha sido más marcada, bajando de 40 horas por cada semana en 1983 hasta 37,2 horas en 2003.
En consecuencia, desde Cepyme subrayan que la negociación bipartita entre empresarios y trabajadores «aporta una progresiva reducción del tiempo de trabajo, consensuada y coherente con la buena marcha de las empresas», que se aleja de los perjuicios que provocaría una reducción a 37,5 horas.
Desde la organización presidida por Gerardo Cuerva también ponen de manifiesto que, «en los convenios de ámbito de empresa se ha acordado una reducción mayor debido al margen de flexibilidad que los convenios de ámbito superior permiten para adaptarse a situaciones diversas».
Como conclusión de la postura de Cepyme, «una reducción de la jornada de trabajo al margen de la negociación colectiva implicaría hacer desaparecer ese margen flexibilidad, lo que provocaría dificultades en particular en las firmas de pequeña dimensión».
Las negociaciones entre Trabajo y los agentes sociales se retomaron en la segunda semana del pasado mes de septiembre, pero se desarrollaron con mayor lentitud que las organizadas antes del verano, cuando el equipo de Díaz forzó que los encuentros tuvieran lugar todos los lunes. Esa cadencia no impidió que julio terminara con una clara oposición entre, por un lado, CEOE y, por otro lado, el Gobierno y los sindicatos.
Fuente Original: El economista