La deuda de la Seguridad Social crece un 135% desde su nivel pre-crisis

El mejor comportamiento que presenta el déficit de la Seguridad Social española está muy lejos de significar que se acabaron los problemas financieros en las cuentas de esta Administración. Su deuda muestra una evolución mucho más negativa, ya que continúa al alza y se ha más que duplicado (al crecer un 135%) desde los niveles que presentaba en 2018.

Los datos más recientes del Banco de España muestran cómo en ese ejercicio, cuando el presidente Pedro Sánchez formó su primer Gobierno, el pasivo de la Seguridad Social ascendía a 41.194 millones. Desde entonces se ha elevado a marchas forzadas hasta llegar a los 97.185 millones con los que 2021 se cerró, un nivel que se mantiene prácticamente inalterado en enero de este año, de acuerdo con el cálculo del boletín dado a conocer por el Banco de España la semana pasada.

El hecho de que el pasivo de la Seguridad Social roce la cuantiosa barrera de los 100.000 millones supone un hito histórico que demuestra hasta qué punto la deuda y el déficit del sistema de pensiones muestran una gran disparidad en su evolución.

Sus números rojos se comportan ahora de un modo muy positivo ya que se situaron en 2021 en el 0,93% del PIB, el menor nivel desde el año 2013, gracias a la recuperación del mercado laboral que eleva los ingresos por cotizaciones sociales.

Indudablemente, también influye el aligeramiento de la carga de los llamados gastos impropios que arrastra la Seguridad Social. Dichos desembolsos serán ahora sufragados por el Estado a través de los Presupuestos Generales, con cargo a los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Como resultado, el Gobierno espera que el déficit del sistema de pensiones desaparezca por completo en 2023.

Problemas sin resolver

Ese reequilibrio de las cuentas debería tener efectos benéficos también en la deuda que, que es el reverso del déficit, pero no está ocurriendo así por la influencia de varias realidades que lo impiden. En primer lugar, resulta innegable que la Seguridad Social continúa afrontando apuros para pagar las retribuciones de los jubilados, sobre todo las dos pagas extra anuales (verano y Navidad), una vez que el Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones, quedó prácticamente agotado.

En consecuencia, el Estado ha tenido que suplir esa carencia concediendo préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que inevitablemente incrementa el endeudamiento de esta Administración. La crisis generada por el Covid-19 en nada ha ayudado a mejorar esta situación como demuestra el hecho de que, el año pasado, fue necesaria una transferencia récord del Estado de 32.000 millones y cuatro préstamos.

La Administración central todavía llega más lejos, a la hora de salir al rescate de las pensiones en los Presupuestos Generales de 2022, en vigor desde el pasado uno de enero. En esas cuentas, las transferencias ascienden a 36.276 millones, un 13,4% más en tan sólo un año, y prevén también un nuevo crédito de casi 7.000 millones. Todo apunta a que estas cifras volverán a superarse con creces, considerando el fuerte efecto desestabilizador que la reindexación de las pensiones con la inflación provocará en momentos como los actuales, en los que el IPC se encuentra en niveles no vistos desde mediados de los 80 (un 9,8% el mes pasado).

Una costosa revalorización

Aun cuando esos picos se moderen, el nivel de precios promedio que marcará la revalorización de las rentas de los jubilados en 2023 tiene visos de que escalará hasta el 6,5%. En esas circunstancias, la sostenibilidad del sistema de protección exigirá más ayudas y, por tanto, un mayor endeudamiento.

Es cierto que el conjunto del sector público tiene más pulmón para asumir ese incremento, ahora que su pasivo está descendiendo. Ahora bien, se trata de un descenso en términos estadísticos, debido a que el PIB nominal crece por efecto, precisamente, de la inflación. Es más, el apalancamiento de las Administraciones se sitúa en la marca histórica de los 1,42 billones de euros en un momento en el que las condiciones de financiación amenazan con endurecerse, debido a las subidas de tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) está abocado a acometer, una vez que el IPC subyacente rebasa el 3%.

El terreno está así abonado para que la deuda de la Seguridad Social acabe rebasando los 100.000 millones de euros, a no ser que se produzca un incremento todavía más elevado del número de cotizantes y, por ende, de los ingresos que aportan a la Seguridad Social.

Nadie puede asegurar esa evolución, máxime en un contexto de plena incertidumbre como el actual. Por tanto, entre los expertos, persiste la preocupación sobre el incremento de un pasivo que no parece encontrar techo y que, en el medio-largo plazo, puede exigir soluciones tan impopulares como volver a elevar los impuestos al trabajo o, incluso, plantear una reducción de la cuantía de las pensiones.

A finales del año pasado, surgieron rumores de que la propia Comisión Europea exigía medidas de ese calado que afectarían a los futuros jubilados nacidos entre las décadas de los 50 y los 70 del pasado siglo) como condición para liberar las ayudas Next Generation contra la crisis del Covid. Finalmente, el Ministerio de Seguridad Social negó que estuviera barajando una medida de tanto calado como ésa.

Fuente Original: El Economista