El Gobierno paraliza la reforma del registro de jornada ante la falta del aval de los ministerios del PSOE
El Ministerio de Trabajo presentó la reforma del registro de jornada como el plan alternativo a la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas a la semana. Solo un día después de esta votación fallida sacó el real decreto a consulta pública y en veinte días el Consejo de Ministros aprobó su tramitación urgente. No obstante, fuentes gubernamentales consultadas por elEconomista.es trasladan que casi tres meses más tarde la norma sigue paralizada y sin contar con los informes internos que tienen que firmar los ministerios que encabeza el PSOE.
El acuerdo adoptado por el Gobierno a finales de septiembre buscaba que la obligación de contar con una serie de informes para cambiar los requisitos de las empresas en materia de registro horario no retrasase su entrada en vigor más allá de enero o febrero (lo que eran cuatro o cinco meses), puesto que la tramitación de urgencia implica que no haya que esperar a que se presenten todos los informes de los ministerios o del Consejo de Estado. Sin embargo, en este tiempo no se ha producido ningún avance, señalan también en el diálogo social.
Según recogía la memoria del borrador del reglamento del registro de jornada, Trabajo tenía que recabar los informes de Economía y Transformación Digital —dos ministerios encabezados por el PSOE—así como el de la Agencia Española de Protección de Datos. Este último informe es el que los negociadores esperaban que presentase más dificultades, mientras que Díaz confiaba en que sirviera para despejar las dudas planteadas por CEOE en materia de protección de datos y que ha hecho llegar a otros ministros. Si bien, fuentes conocedoras indican que el organismo independiente no está valorando aún el reglamento.
El real decreto estaría estancado, por tanto, en esta fase preliminar y sin fecha para ser aprobado en el Consejo de Ministros. El listado de temas que se incluyen en las reuniones del Gobierno dependen fundamentalmente de las prioridades políticas del momento, como reconocen de forma habitual los representantes de los ministerios. Y las materias prioritarias para el socio minoritario podrían verse relegadas en la actual crisis con el PSOE. Además, las normas de índole económica tienen que recibir el visto bueno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) que controla Carlos Cuerpo y que ya generó roces con la jornada laboral.
El propio responsable de Economía hizo unas declaraciones un día antes de que se produjera el acuerdo en Consejo de Ministros en las que ponía en duda que la tramitación urgente del registro fuera a incluirse en la agenda del día, lo que puso de relieve una vez más las discrepancias de la cartera de Cuerpo con las medidas que generan más rechazo entre los empresarios. Es habitual que CEOE ponga en valor la fluidez de las conversaciones con su departamento frente a la tensión que denuncian en sus relaciones con el Ministerio de Trabajo.
Pese al interés que tienen los responsables de las empresas en saber cuándo tendrán que adaptar sus sistemas de control de la jornada de trabajo a las nuevas obligaciones, solo el Gobierno maneja los tiempos de un decreto que elimina el margen de seis meses que recogía el proyecto de ley para reducir la jornada laboral y entrará en vigor a los 20 días de ser publicado en el BOE. De hecho, los sindicatos, que apremiaron a Díaz para poner en marcha estos cambios por real decreto reconocen no tener más información por parte del ministerio sobre los tiempos de tramitación.
Registro digital y pormenorizado
El último borrador que se dio a conocer en el mes de octubre recogía novedades respecto a los cambios planteados con la reducción de la jornada laboral. El núcleo de la reforma reposa en la obligación de que todas las compañías hagan el registro por medios digitales, se dé acceso en remoto a la Inspección de Trabajo y que el trabajador anote sus horas de trabajo con un alto grado de detalles, diferenciando entre horas ordinarias y extraordinarias.
El texto publicado por Trabajo establecía que los empleados tendrían que registrar sus tiempos de entrada, salida y las pausas realizadas a lo largo de su jornada laboral. Si esas horas se realizaban de forma presencial o a distancia, incluso si solo teletrabajan unas horas al día. Detallar de cuántas horas consta su jornada, en función de si tienen un contrato a tiempo parcial o completo y en caso de hacer horas extraordinarias, si se les compensarán con tiempo libre o remuneración.
La responsabilidad de contar con un sistema de registro acorde a la ley se deposita en la empresa, sin embargo, el borrador asigna al trabajador la obligación de realizar los asientos en los que tiene que también tiene que concretar los minutos que se mantenga a la espera, esté a disposición de la empresa o que interrumpa su derecho a la desconexión digital.
Al tiempo mismo tiempo la redacción impide que estas anotaciones puedan ser modificadas sin la autorización del empleado. Y en caso de que ocurra, obliga a reflejar que los cambios se han hecho en contra del empleado. Además, tendrán establece que las empresas tendrán que formar a sus trabajadores en esa herramienta y contar estas horas como trabajadas.
Fuente original: El Economista