El Gobierno aprobó siete subidas de impuestos y creó otros cuatro en 2022
La marcha de Ferrovial a Holanda rasga el debate sobre la presión impositiva soportada por las grandes empresas españolas. Su presidente, Rafael del Pino, aprovechó la presentación de resultados del pasado martes para anunciar el traslado de su sede social a Ámsterdam, revolucionando el tablero político a unos meses de la primera de las dos citas de España con las urnas.
La decisión de Del Pino terminó por colarse en todas las ruedas de prensa de Moncloa y el Congreso de los Diputados, dividiendo de nuevo el hemiciclo entre aquellos que consideran el movimiento como una deslealtad de una compañía que consiguió crecer al calor de los contratos públicos, y los que interpretan que la política tributaria impulsada por Pedro Sánchez «expulsa» a las grandes empresas fuera de España. Lo cierto es que, la vuelta de tuerca impositiva aplicada por Hacienda durante los últimos meses, no sólo alcanza a la constructora, también -y en mayor medida- a otras empresas y ciudadanos con domicilio en España.
Desde el estallido de la guerra en Ucrania, el Ejecutivo impulsó una estrategia fiscal capaz de elevar la recaudación en 10.000 millones de euros más de lo previsto para financiar parte de los 45.000 millones que demandan las medidas antiinflación con las que ha conseguido amortiguar, con mayor o menor éxito, el impacto del alza de los precios sobre las clases vulnerables. En concreto, Moncloa ha aplicado siete subidas de impuestos, y ha creado otros cuatro nuevos gravámenes desde enero de 2022 hasta la fecha.
Impuesto de Sociedades
Es la tasa más analizada desde que Ferrovial anunciara su marcha. La modificación incluida por el Gobierno vino motivada por una decisión consensuada en el seno de la OCDE. Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluyeron un tipo mínimo del 15% sobre la base imposible del impuesto de Sociedades para aquellas empresas con una facturación superior a los 20 millones de euros o que constituyan un grupo consolidado.
Sin embargo, y a pesar de la aprobación de la norma, los expertos consultados recuerdan que la presión fiscal española es similar a la de la mayoría de grandes economías comunitarias, con tres excepciones. Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos, han declarado una batalla fiscal al resto de países europeos con el objetivo de atraer sedes de empresas y actividad económica. Aun así, las diferencias no son enormes. El beneficio fiscal holandés, nuevo destino de Ferrovial, no justifica un traslado tan ambicioso como el emprendido por Rafael del Pino. «En la práctica, el grupo Ferrovial acabará pagando impuestos en España por un importe muy similar al de ahora», aclaran desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).
El temor se acelera ante un posible efecto contagio que provoque que más empresas sigan los pasos de la constructora, motivadas -no tanto por la presión fiscal- sino por el encarecimiento de la financiación derivada de la presumible subida de la prima de riesgo española tras el final del paraguas aplicado hasta ahora por el BCE. «La nueva financiación de aquellos proyectos que quieren poner en marcha serán mucho más caros si la sede social está en España que si está fuera de ella», afirma el economista Javier Santacruz.
Banca y energéticas
Se trata de uno de los últimos y más polémicos movimientos en materia fiscal. El pasado 21 de febrero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el importe recibido por el primer pago de dos impuestos temporales gestados meses antes en Moncloa. La Agencia Tributaria recaudó 1.454,5 millones de eurosprocedentes del 1,2% de la cifra de negocio de las compañías energéticas con una facturación superior a los 1.000 millones de euros; y del 4,8% de los intereses y comisiones facturados por los bancos españoles con ingresos mayores a 800 millones. La cantidad se doblará a lo largo de este año, en línea con lo previsto por el Ejecutivo.
Desde su anuncio, el gravamen despertó la ira de las empresas del sector. Las patronales de la banca, CECA y AEB, esperaron a la entrada en vigor del impuesto para presentar dos sólidos recursos ante la Audiencia Nacional. El escrito -calculado al milímetro- no solicitó la suspensión cautelar de la medida para evitar que el proceso se alargase durante meses. Lo mismo ocurrió con las grandes de la energía, que acudieron a la Justicia hace tan sólo dos semanas.
La norma responde a la táctica diseñada por el Gobierno, que desde el principio apuntó a los beneficios extraordinarios de los que habrían disfrutado estas grandes empresas debido al incremento de los precios de la energía, y al alza escalonada de los tipos de interés iniciada el 21 de julio del año pasado por el Banco Central Europeo. En 2022 la gran banca pulverizó sus resultados tras ganar 20.850 millones de euros, un 28% más que en el año anterior. Lo mismo ocurrió entre las principales energéticas. Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 4.339 millones, un 12% más; Repsol disparó sus resultados un 70%, tras ganar 4.251 millones. «Ambos sectores cuentan con el apoyo del Gobierno, pero sólo les pedimos que ante beneficios históricos hagan un pequeño esfuerzo y contribuyan», defendió Montero en uno de los últimos Consejos de Ministros celebrados.
Grandes fortunas
Con él, el presidente Pedro Sánchez, avivó la vieja guerra que mantiene con varias de las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular. En pleno debate sobre la competencia fiscal entre regiones, el Gobierno anunció el Impuesto de Solidaridad para las grandes fortunas. Una nueva figura que grava un 1,7% de los patrimonios netos de entre 3 y 5,34 millones, un 2,1% para aquellos de hasta 10,6 millones, y un 3,5% de las fortunas más abultadas. El impuesto cuenta con una clave importante, la cantidad que se pague en el Impuesto sobre el Patrimonio será deducible de la novedosa figura fiscal. De esta manera, el Ejecutivo buscó armonizar el tributo y evitar desigualdades entre unas autonomías y otras.
Su aprobación hizo que la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía, que bonifican el 100% de Patrimonio, movieran ficha en los juzgados. Ambos gobiernos presentaron sendos recursos para anular un impuesto que -según los equipos de Ayuso y Moreno- invade sus competencias. Al argumento suman la fuga de grandes capitales con destino a otros países más ‘acogedores’, fruto del aumento de la presión. La respuesta de Madrid y Andalucía no quedó allí. Ayuso contratacó al inicio de año un incentivo fiscal para nuevos inversores. Poco después, la consejera de Economía andaluza, Carolina España, adelantó en una entrevista para elEconomista.es «la aprobación de medidas adicionales para contrarrestar el impuesto de grandes fortunas». Además, otras ocho comunidades también se ven afectadas por la implantación del gravamen.
En total, afectará a 23.000 contribuyentes, según el Gobierno. Será aplicable inicialmente a los ejercicio de 2022 y 2023, y con él, Hacienda prevé recaudar cerca de 1.500 millones de euros.
IRPF para rentas altas
A finales de 2022, el ministerio de Hacienda presentó el último paquete de medidas fiscales. En él se incluyeron dos subidas de los tramos más altos del IRPF. En concreto, el Ejecutivo incrementó un punto, hasta el 27%, el gravamen para rentas del capital entre 200.000 y 300.000 euros; y hasta el 28% el gravamen para rentas superiores a 300.000 euros. Según los cálculos del departamento que dirige María Jesús Montero, esta medida afectará a 17.814 contribuyentes y tendrá un impacto superior a los 200 millones.
En contra, Moncloa siguió la estrategia marcada desde el estallido de la crisis de la inflación. Compensó la subida para las rentas más altas, con una rebaja ampliada para aquellos que menos cobran. Prorrogó la exención de la tributación para aquellos con salarios inferiores a los 15.000 euros; y la reducción de las retenciones para las rentas de hasta 35.200 euros anuales durante todo el año 2023.
Cambios en cotizaciones
Con el inicio de 2023 entró en vigor el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que tendrá un efecto limitado para los trabajadores por cuenta ajena y las empresas que les pagan. El ministerio de la Seguridad Social elevó la cantidad por contingencias comunes desde el 28,3% fijado en 2022, al 28,9% para este 2023. En el reparto, las empresas deberán hacerse cargo de un 24,10% de esa cantidad, medio punto más que el año pasado, y un 4,8% a cargo del trabajador, lo que supone una subida del 0,10%. Según los números del Ejecutivo, la modificación tendrá un coste de 120 euros anuales por empleado para las empresas, y de unos 24 euros para los trabajadores con sueldos medios.
Lo mismo ocurrirá para los autónomos, que suman además el incremento de la base de cotización, es decir, el encarecimiento de su cuota a abonar para aquellos con ingresos superiores a los 1.300 euros mensuales. El nuevo sistema de cotización será progresivo, de modo que en 2024 y 2025, las cuotas se irán reduciendo para aquellos con menores rendimientos, e incrementándose para los que facturen más de 1.700 euros.
Fuente Original: El Economista