Díaz planea subir el SMI al menos a 1.180 euros y la CEOE avanza un nuevo rechazo por la espiral de costes laborales que soportan las pequeñas empresas desde 2019

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que es la cuantía retributiva básica que están obligados a abonar los empresarios por una jornada legal de trabajo, volverá a subir en 2025. Y lo hará previsiblemente en una proporción que no sólo garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo de los dos millones y medio de trabajadores que orbitan en este umbral, sino que seguirá la estela de las mejoras salariales pactadas en convenio para evitar que quede por debajo de la referencia del 60% del salario medio que fija la Carta Social Europea ratificada por España.

Son las dos referencias con las que trabaja el comité de expertos designado por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que dio ayer el pistoletazo de salida para una nueva subida del SMI convocando la primera reunión de este grupo de trabajo que en los últimos años viene orientando la senda que debe seguir esta referencia salarial para adaptarla a los estándares europeos.

Aunque su deliberación es sólo orientativa, la convocatoria del comité supone activar la maquinaria para volver a subir el salario mínimo. En realidad, la iniciativa parte de una decisión política previa a una consulta prácticamente protocolaria a los agentes sociales. Y prueba de ello es que la propia Díaz afirmó mientras los expertos seguían reunidos que la comisión tiene dos «mandatos»: por un lado, que el SMI no pierda poder adquisitivo y, por otro, que garantice la cobertura del 60% del salario medio.

Esto empuja a los expertos a recomendar una subida mínima del 4%, que es la base sobre la que han empezado a trabajar, según fuentes al tanto de las conversaciones preliminares que se mantuvieron ayer en el primer encuentro celebrado en el Ministerio de Trabajo. Por un lado, para evitar la pérdida de poder adquisitivo, la mejora tiene que ser superior a la inflación acumulada este año, que por ahora alcanza el 2,8%. Y por otro lado, tiene que replicar, al menos, el aumento que vienen marcando los salarios en convenio, que acumulan un incremento medio del 3,8% en los primeros diez meses de 2024.

Esos son algunos de los indicadores que tendrán en cuenta los expertos a la hora de fijar la senda de crecimiento que debe seguir el salario mínimo en 2025, pero no los únicos. Ante el desfase que presentan estadísticas como la Encuesta de Estructura Salarial -la última se refiere a los sueldos de 2022- también valorarán otras referencias, como las que arroja la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, que apunta a una subida de sueldos del 4% en el segundo trimestre de 2024.

Un impulso del SMI en esa misma proporción del 4% elevaría la cuantía mensual hasta el entorno de los 1.180 euros, desde los 1.134 actuales. Pero a la espera de conocer la recomendación de los expertos, los sindicatos han empezado ya a tomar posiciones de cara a la negociación con Díaz y manejan cifras superiores. En concreto, en CCOO y UGT defienden subidas de entre el 5% y el 6% para no sólo garantizar el poder adquisitivo del SMI sino también avanzar hacia el objetivo de los 1.200 euros.

CEOE: «Con la que está cayendo»

En el otro lado del tablero, la CEOE adopta una posición defensiva preliminar. Fuentes de la organización empresarial avanzan a EL MUNDO que «una nueva subida del SMI no es compartida… ¡Con la que está cayendo!». Por otro lado, desde la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme) advierten del mayor impacto de esta medida en las compañías de menor tamaño, que vienen soportando un incremento acumulado de los costes laborales de cerca del 19,5% desde 2019, frente al 15,8% que han sufrido las grandes. Por eso, reclaman al Gobierno que atienda a «criterios económicos» y no políticos a la hora de decidir sobre la subida del SMI, «sin ignorar la productividad de las empresas, tal y como se ha venido haciendo en los últimos años».

Otras fuentes de la organización que preside Antonio Garamendi apuntan, además, que las empresas ya van a tener que soportar subidas adicionales de los costes laborales, por un lado, por la reducción de la jornada a 37,5 horas sin merma salarial que va a sacar adelante Díaz sólo con el respaldo de los sindicatos; y por otro lado, por las nuevas subidas de cotizaciones sociales que entrarán en vigor el 1 de enero por la última reforma de las pensiones.

Con todo, la experiencia de negociaciones anteriores ha enseñado a la patronal que cuando no firman los acuerdos, sus consecuencias resultan más perjudiciales para los intereses de las empresas. Sucedió este mismo año, cuando Díaz aprobó una subida del SMI del 5%, en vez de del 4% que había planteado inicialmente, como castigo a los empresarios por no apoyar la medida.

Fuente Original: El Mundo