Del despido a la italiana a volver a los 45 días de indemnización: la difícil papeleta que tiene ahora Yolanda Díaz

La comparecencia de este lunes del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no ha despejado las grandes dudas sobre la resolución del Comité Europeo de Derecho Sociales (CEDS) sobre el despido improcedente en España, ya que el líder sindical no ha facilitado el texto íntegro, pendiente de publicación desde hace 4 meses. Pero los detalles que sí ha aportado revelan el incierto escenario que se presenta para el Gobierno con una reforma que, en teoría, debe garantizar que la indemnización sea «disuasoria» y «compensatoria». Y en el que tendrá que hacer auténticos malabares para poner de acuerdo no solo a sindicatos y empresas, sino también con sus socios parlamentarios, que sí tienen una idea muy definida de lo que esto significa.

PSOE y Sumar pactaron en su acuerdo de investidura reforzar la protección por despido de los trabajadores para cumplir la legislación europea. Cómo se concreta esto y, sobre todo, de qué forma afectará a la cuantía de las indemnizaciones son claves que, que casi dos años después, siguen en limbo. Los sindicatos aprovechan la incertidumbre para presionar con una propuesta de máximos que pivota entre dos extremos.

Por un lado, ‘destopar’ la indemnización máxima, superando los actuales 33 días por año trabajado hasta 24 mensualidades, en función del perjuicio causado al trabajador por el cese no justificado. En segundo lugar, fijar un tope mínimo (que hoy no existe), para evitar los empleos de usar y tirar: despidos de trabajadores recién contratados con una indemnización que resulta muy reducida, incluso aunque se declaren improcedentes.

Esto reduciría la ‘dualidad’ en la protección ante el despido en función de la antigüedad del trabajador. En este caso, se mira a Europa: a Portugal, donde este umbral es de tres meses, o a Italia, donde se eleva a seis. Esta es la opción que plantea UGT para reducir el récord de despidos de los dos últimos años y no disgusta a buena parte de las empresas, que podrían aceptarla a cambio de modular el endurecimiento de los ceses más ‘caros’.

El problema sigue siendo que una negociación de este tipo es una invitación a volver a establecer un máximo legal de 45 días y 42 mensualidades, como antes de la reforma laboral de 2012. Ni PSOE ni Sumar están por la labor, pero ERC, Bildu y Podemos sí parecen tener muy claro que lo exigirán. Estos últimos incluso plantean eliminar la vía del despido improcedente: o los ceses están muy bien justificados por causas disciplinarias u objetivas o serán nulos.

Pinza de los socios

Para sortear la pinza que abren sus socios, el Gobierno necesita un acuerdo tripartito en el diálogo social. Si algo ha dejado claro la accidentada negociación de la reducción de la jornada laboral es que la estrategia de confrontación con la CEOE y Cepyme seguida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no es sostenible a la hora de cerrar grandes legislaciones en materia de empleo.

Las patronales son muy conscientes de que las que ahora están sobre la mesa son promesas electorales, no cuestiones comprometidas con Bruselas que el Ejecutivo debe aprobar sí o sí para recibir los fondos europeos, como la reforma laboral de 2021, la de pensiones o, recientemente, la de los subsidios por desempleo. Y esta última fue incluso tumbada por Podemos en el primer intento de Díaz de aprobarla. Algo que también mostró que la ex líder política de Sumar tenía mucha menos fuerza política para imponerse en un pulso de este tipo.

Tanto Díaz como los sindicatos, que denunciaron ante Europa la legislación española, coinciden ahora en presentar la reforma de la indemnización como una exigencia de Europa. A priori, una resolución del CEDS, organismo con sede en Estrasburgo, diciendo que la legislación española sobre la indemnización por despido improcedente contraviene la Carta Social Europea porque no protege adecuadamente al trabajador, parece bastante contundente. España ha firmado la Carta y su contenido es vinculante.

Pero que las resoluciones del CEDS lo sean, ya es más discutible. Como ocurre ahora con España, el organismo europeo ya censuró la legislación del despido de Francia, Finlandia e Italia y ninguno de ellos la han cambiado. Los tres, con matices para cada caso, coinciden en que las resoluciones del CEDS interpretando la Carta iban más allá de lo que esta misma dice. Por ello, no son vinculantes.

Recuerdan de paso que, aunque compartan la sede en Estrasburgo, este Comité no es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aunque varios tribunales españoles han esgrimido la Carta Social Europea para dictar indemnizaciones superiores a la pactada, está por ver que coincidan con el documento elaborado por el Comité, que no es una sentencia judicial.

Una accidentada publicación

Ello puede explicar en parte la rocambolesca historia que está siguiendo la publicación de la resolución para España. Se conoce su sentido desde finales de marzo, pero su contenido no. El plazo de cuatro meses para publicarlo concluye estos días. Pero ha sido UGT, uno de los denunciantes, el que ha dado una rueda de prensa para presentar pinceladas sobre un contenido que, según Álvarez, el organismo europeo publicará el 29 de julio si no lo hace antes el Gobierno. Ni siquiera la propia Díaz ha entrado a ello y preguntada sobre las el ‘anuncio’ del sindicato ha eludido dar detalles sobre un documento que ella misma maneja desde hace cuatro meses.

El caso es que la reforma del despido es un melón arriesgado de abrir. Quedó fuera de la negociación de la reforma laboral de 2021 aunque tanto PSOE como Podemos llevaban en su programa electoral derogar el recorte impuesto por el PP en las compensaciones por los ceses declarados improcedentes en 2012, cuando bajaron de 45 días por año con un tope de 42 meses a 33 días por año y un tope de 24 meses. Una de las razones es que aquella polémica reforma fue tan aplaudida por Bruselas, en su momento, como lo fue la impulsada por Díaz una década después.

También se argumentó que no tocar las indemnizaciones era condición vital para sumar a las patronales a un acuerdo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no pudo lograr con su propia ley. Las cosas han cambiado mucho dos años después, pero la cuestión es cuánto lo han hecho.

Al Gobierno se le abren varias opciones para cumplir con la resolución de Bruselas. Seguir el ejemplo de Francia, Finlandia e Italia parece descartado por ahora, aunque el silencio del ala socialista del Ejecutivo, que lideró los recursos de España con unos argumentos muy diferentes a la retórica que esgrimía Díaz y que sigue deslizando hoy, dejan mucho espacio a las dudas. Aunque al PSOE tampoco le interesa parecer el ‘malo’ de la historia en un tema especialmente sensible.

Por su parte, aunque políticamente se juega mucho en esta reforma, Díaz la defiende con un tono mucho más sosegado de lo que hizo con la reducción de jornada. De hecho, tras la rueda de prensa de Álvarez aseguró que llevará la reforma del despido a la mesa de diálogo social con «absoluta tranquilidad» y sabiendo que el despido «no es un problema» en este país.

Fuente Original: El Economista