CEOE advierte que incorporar los pluses salariales al SMI elevará los salarios hasta un 25%
El Ministerio de Trabajo envió a principios de mes un borrador a los agentes sociales del Real Decreto con el que trata de impedir que las empresas puedan absorber o compensar los complementos salariales que tuviesen reconocidos los trabajadores al trasladar la subida del SMI a sus nóminas. Un cambio que CEOE entiende que no puede hacer a través de un reglamento y que advierte que obligará a elevar las nóminas hasta un 25% en algunos sectores.
«Se quieren romper los artículos 26 y 27 del Estatuto de los Trabajadores, que marca unos espacios, hablamos de la compensación de otros complementos que pueda haber en los salarios. Ya no se habla de SMI, se habla de salario base y se está rompiendo la propia negociación donde los sectores nos avisan que pueden llegar a darse incrementos de más del 25%» advirtió el líder de la patronal, Antonio Garamendi, en la asamblea general de Cepyme durante una intervención en la que se hizo eco de las preocupaciones de los sectores con más trabajadores situados en este umbral salarial.
Uno de ellos es el de la limpieza, como explica el presidente de ASPEL a elEconomista.es, Juan Ignacio Beltrán. «En las primeras estimaciones, el hecho de no poder absorber ni compensar los complementos salariales, en un sector donde más de la mitad de los trabajadores están afectados por la subida del SMI, produce un incremento de al menos el 15%». La asociación de empresas de limpieza cuenta con que el grupo asesor del Gobierno recomendará una subida de entre el 2% y el 4%, cuyo efecto se multiplicaría al impedir trasladar esta subida con el recorte o la eliminación de pluses salariales.
Fuentes empresariales explican que por el momento no cuentan con un estudio pormenorizado, si bien, las diferentes organizaciones integradas en CEOE trasladan a la cúpula que esta intervención en la estructura salarial incrementaría los costes salariales entre un 15% y un 25%, sobre todo en las pymes. A comienzos de año, Cepyme presentó un análisis en el que señalaba a las pequeñas empresas de servicios y construcción como los ámbitos donde el SMI suponía una mayor proporción del salario medio (un 70%).
Otro de los potenciales afectados sería el sector agrario, para el que CEOE reclamó rebajas en las cotizaciones sociales como condición para sumarse a un acuerdo sobre las subidas del SMI. El secretario de Organización de Asaja, Juanjo Álvarez, considera que el cambio planteado por Trabajo va a «dinamitar el equilibrio de los convenios, los contratos y los procesos de negociación que están en marcha en el sector» ya que favorecerá a los trabajadores que acumulan más complementos y cambiará por completo la estructura salarial actual.
Por ello, como adelantó este periódico y confirmó este miércoles el propio Garamendi, CEOE se prepara para recurrir en los tribunales el reglamento que prepara Yolanda Díaz. El borrador enviado a los agentes sociales eliminaría de facto la posibilidad de absorber o compensar los complementos salariales al impedir que se realicen ajustes con los pluses por actividad (nocturnidad, toxicidad, penosidad, peligrosidad, turnicidad), personales (idiomas, antigüedad) y cantidad o calidad de trabajo (incentivos, comisiones). Es decir, los más utilizados.
El texto responde a las demandas de CCOO y UGT que impusieron la revisión del decreto que fija cada año el salario mínimo como condición para respaldar la última subida del 4,4%, por la que el umbral salarial ascendió a 1.184 euros. Los sindicatos consideran injusto que los trabajadores que se sitúan inmediatamente por encima del SMI por percibir diferentes complementos salariales no se vean beneficiados por estos incrementos y que en su lugar, se recorte la compensación por los riesgos asociados a su trabajo, por ejemplo.
En la práctica, este cambio llevaría a igualar el salario base con el SMI al tiempo que congelaría los complementos que ya viniera percibiendo el trabajador, pese a que esta práctica está reconocida por el Tribunal Supremo siempre que se haya acordado en convenio. Esta situación también ha llevado a los empresarios a cuestionar en sus reuniones internas la lealtad de los sindicatos, que entienden que están cambiando ‘por la puerta’ de atrás lo firmado por sus representantes en diferentes territorios y sectores. Y a temer que que traten de extender el blindaje de los complementos a todos los rangos salariales.
El presidente de la patronal volvió a instar al Ejecutivo a resolver el problema que encaran las empresas que tienen contratos de varios años con el sector público, dado que no se les compensan las subidas efectuadas en el salario mínimo. La CEOE expone que las compañías que firman contratos de hasta cinco años no pueden anticipar qué evolución van a experimentar estas nóminas, muchas veces pegadas al SMI, como es el caso de las empresas del sector de la limpieza, mantenimiento o atención a la dependencia.
Es una demanda respaldada por los sindicatos que admiten que en los últimos años esta situación ha dado lugar a la firma de convenios con dos tablas salariales, en función de si los trabajadores desempeñan una actividad para un contrato público o lo hacen en el marco de la actividad privada. También ha sido reconocida por la vicepresidenta segunda, que llegó a impulsar una proposición de ley a través del grupo parlamentario de Sumar que meses después no ha sido sometida a debate en el Congreso de los Diputados por las resistencias del departamento de Hacienda.
Garamendi hizo referencia a que en esta materia, el conflicto lo tienen situado en el ala socialista del Gobierno, frente al resto de materias abiertas (registro, permisos o despido) en el que se encuentran enfrentados con el socio minoritario, que controla el Ministerio de Trabajo.
La situación de estas empresas también fue objeto de la valoración que realizó el Consejo Económico y Social (CES) al proyecto para reducir la jornada a 37,5 horas que fue finalmente tumbado en el Parlamento. Debería contemplarse la situación de aquellas empresas con contratos públicos en vigor» advertía el órgano en el que se encuentran representados tanto la patronal como los sindicatos al hacer referencia a la necesidad de adaptar el cambio a la situación de cada sector económico.
El equipo de María Jesús Montero es el responsable de cambiar la Ley de Desindexación y la de contratos del Sector Público, sin embargo, ha rechazado hacerlo en varias intervenciones públicas.
Fuente Original: El Economista