Las inyecciones del Estado para pagar las pensiones igualan todo el déficit público
El Gobierno aprobó este martes la nueva senda de déficit. El Ejecutivo se ha fijado el objetivo de reducirlo del 2,5% del PIB de este año al 2,1% en 2026, 1,8% para 2027 y 1,6% en 2028. También autorizó el techo de gasto, en el que Hacienda, llamaba la atención sobre un organismo en concreto, la Seguridad Social, para el que ya proyecta una transferencia de ayudas, para pagar pensiones, de 22.881 millones en 2026. Una cuantía mucho menor a la que ya se ha gastado en este mismo concepto en los últimos años. La expectativa, de hecho, es que las inyecciones del Estado se sitúen a cierre de 2025 en el entorno de los 40.000 millones. Traducido a porcentaje del PIB (según el cómputo cerrado respecto a 2024 por el Instituto Nacional de Estadística), esa cifra es ya tan voluminosa que se aproxima al 2,5%, casi exactamente el monto de déficit total previsto para el conjunto del sector público este año.
Hasta el mes de septiembre, la Administración Central ha transferido un total de 38.926 millones de euros según el Resumen de Ejecución publicado todos los meses por la Seguridad Social. Además, hasta este viernes, el Ejecutivo ha aprobado dos transferencias de crédito en el Consejo de Ministros. La primera de ellas por importe de 143 millones para financiar los complementos a pensiones mínimas, y la segunda de 558 millones para la financiación del Ingreso Mínimo Vital, según la referencia al Consejo de Ministros.
Al sumar estas dos inyecciones extra, las transferencias se situarían en un total de al menos 39.627 millones de euros para ayudar a la Seguridad Social a hacer frente a sus pagos. Teniendo en cuenta el déficit de 2025, situado en el 2,5% del PIB y la estimación del PIB publicada por el INE en la estadística de Contabilidad Nacional Anual (que sitúa el producto interior bruto en 1.594.330 millones de euros en 2024, última cifra oficial revisada), las transferencias ya igualan a la necesidad de financiación de España, que se encuentra en el entorno de los 39.858 millones de euros.
Las transferencias de crédito aprobadas en el Consejo de Ministros no son el único dinero extra que ha necesitado la Seguridad Social. Además de las ya mencionadas, el Ejecutivo ha autorizado desde finales del mes de septiembre la aplicación del Fondo de Contingencia por un importe de 5,4 millones de euros para la financiación de las prestaciones del síndrome tóxico; la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social (que no especifica su cuantía); la utilización del Fondo de Contingencia por valor de 11 millones para bonificar cotizaciones, y la aprobación de un préstamo de 10.000 millones de euros para pagar la paga extra de las pensiones de noviembre.
El aumento en el número de transferencias que necesita la Seguridad Social para hacer frente a sus pagos llega en un contexto en el que los ingresos por cotizaciones también registran cifras récord.
Según la nota de prensa enviada por el Ministerio de Elma Saiz junto a la ejecución presupuestaria, los recursos por cotizaciones suman hasta septiembre un total de 132.085 millones de euros, un 6,8% más que en 2024 y un 42% más respecto al nivel previo a la pandemia. Esta evolución de los ingresos se explica por el aumento en las cotizaciones desde la reforma de pensiones y el buen comportamiento del empleo, que sitúa el número de afiliados en máximos.
El crecimiento de los recursos, no obstante, llega al tiempo que el gasto de pensiones registra cifras récord mes tras mes. Frente a estos 132.000 millones ingresados por cotizaciones hasta septiembre, Seguridad Social ha gastado un total de 151.124 millones de euros en su nivel contributivo (que incluye pensiones por invalidez, jubilación, orfandad y viudedad, además de otras prestaciones como la incapacidad temporal y las de nacimiento).
La diferencia en el nivel contributivo entre ingresos y gastos ya genera un déficit de 19.000 millones de euros. Una cuantía a la que también se suman las pensiones no contributivas (consideradas como gastos impropios de la Seguridad Social y son financiadas por impuestos), cuyo gasto asciende hasta los 16.204 millones de euros. En estas últimas se incluyen prestaciones de quienes se jubilan y no han cotizado suficiente y el IMV.
La Airef prevé un aumento en el número de pensiones de 6 millones
A pesar de las últimas reformas en el sistema de pensiones llevadas a cabo por el Ejecutivo, la Airef determinó en marzo que la sostenibilidad no ha mejorado. Así lo recordaba la presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, durante su comparecencia en la Comisión de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo del pasado martes, en la que explicaba el documento, Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas, entre otras cuestiones. Según las estimaciones de la Airef, el número de pensiones aumentará en 6 millones entre 2023 y 2055 y el gasto sobre el PIB alcanzará un 16% en 2050.
El aumento en el número de jubilados debido al retiro del mercado laboral de la generación baby boom, la revalorización de las prestaciones respecto al IPC, la mayor esperanza de vida y las características con las que los nuevos jubilados llegan al sistema (con carreras de cotización más largas y con menores interrupciones) explican el aumento de gasto previsto. Y aunque la presidenta de la Airef negó en su intervención que el futuro de las pensiones en España esté en riesgo, Herrero apuntó que las transferencias que hace el Estado no deben considerarse ingresos con carácter general y que esta fórmula no supone una mejora de la sostenibilidad del conjunto de las administraciones públicas.
Las proyecciones de la Airef apuntan que la población total de España aumentará hasta los 52,1 millones de personas en 2050 debido al paulatino incremento de la longevidad y las migraciones exteriores netas. Sin embargo, la población en edad de trabajar comenzará a descender a partir de 2029, lo que provocará que la tasa de dependencia muestre una tendencia creciente hasta finales de la década de 2050, casi duplicando el valor actual. En ese año, habrá 1,4 trabajadores por cada persona inactiva, frente a la relación de 2 trabajadores por cada persona inactiva de hoy.
El descenso en la población en edad de trabajar, añadía la presidenta del organismo, supondrá que para que la economía española crezca un 1,3% en el largo plazo, se requerirá un crecimiento de la productividad del 1,1% del PIB.
Fuente Original: El Economista