Escrivá deberá gastar 15.200 millones ‘extra’ para pensiones por la inflación
La evolución de la inflación provoca un descuadre en las cuentas contributivas de la Seguridad Social de unos 15.200 millones extra. El gasto en pensiones crecerá un 8,4%, mientras las cuotas sociales que alimentan el Sistema lo hará un 5% con una inflación media esperada del 6%. Este impacto presupuestario en las cuentas del componente contributivo de la Seguridad Social se deberá cubrir con transferencias del Estado con cargos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año. Tanto Escrivá, como Calviño, como Montero han garantizado ya la revalorización.
Así, principalmente la revalorización de las retribuciones públicas presiona en la partida del gasto. El informe sobre el impacto presupuestario de la actualización de las pensiones con el IPC en 2023, de Fedea, toma como referencia un IPC medio del 6% entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. De esta forma, el coste de la revalorización lo cifran en 1.700 millones de euros por cada punto adicional de inflación. Esto, en coste total, de traduce en 10.200 millones de euros extra a pagar el próximo año.
Las transferencias de Estado por gastos impropios se dedican principalmente a financiar el funcionamiento del Sistema o los complementos de mínimos. Además del agujero de la revalorización, también el desajuste general en la saldo del componente contributivo se debería cubrir vía transferencias del Estado. Forma parte de la separación de fuentes de financiación de las que una parte son «aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter permanente en sus Presupuestos Generales, y las que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura», según explica la Seguridad Social.
Esta partida del gasto, sin embargo, es relativamente optimista que fían el 6% al impacto positivo de las medidas de contención de precios. Si se compara con las previsiones de otros organismos como el Banco de España (BdE) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que apuntan a un coste por cada punto de IPC de 1.800 millones y 1.700 millones, respectivamente, con un inflación media esperada superior al 7%. En definitiva, la horquilla del gasto extra únicamente ligado a la revalorización -recogida por ley- se mueve entre los 10.000 y los 13.500 millones.
Además, dentro de este hipotético desajuste que desequilibra la balanza de la parte del gasto, el profesor colaborador de la URJC y de Fedea, Miguel Ángel García, suma un impacto del 1,1% en el número de pensionistas y otro 1,3% por el efecto sustitución, ya que la tasa de dependencia se eleva y las pensiones que entran al sistema, de media, son más elevadas que las que salen por pura trayectoria laboral.
Del lado de los ingresos, el horizonte que proyecta Fedea eleva un 3% las bases de cotización (sin cubrir por completo la inflación del 6% asumida) y «una cierta creación de empleo del 1,5% compatible con una tasa de crecimiento de la actividad económica del 2,5% real».
Para conseguir el equilibrio del componente contributivo de la Seguridad Social en este ejercicio sería necesario inyectar 15.200 millones de euros adicionales como transferencia del Estado, es decir que, si se buscan nuevos gastos impropios por esa cuantía, el total de este concepto ascendería a 33.596 millones de euros (el 2,6% del PIB), que en realidad correspondería al déficit real del sistema.
Con todo, el gasto total en pensiones superaría los 188.500 millones de euros en 2023, el correspondiente con el 14% del PIB en España, «un importante déficit antes de afrontar el ambicioso reto de incorporar a los baby boom».
Eso sí, la revalorización, pese a las cifras de presión en el gasto que se exponen, está asegurada. El titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, garantizó la revalorización rigiéndose a la ley. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, también siguió el discurso de su compañero de Gobierno, como también lo hizo la titular de Hacienda, María Jesús Montero.
Un ‘agujero’ a raíz de la reforma
La reforma que liga las pensiones a la evolución de la inflación de forma inexorable por ley -se actualizan sí o sí y sobre el papel se revisarán cada cinco años para revisar si ha habido un pérdida de poder adquisitivo en los jubilados-, genera un agujero de al menos 10.000 millones de euros que tendrá que afrontar la Seguridad Social para mantener el poder de compra.
«Derogar el sistema de sostenibilidad crea un problema que genera un agujero de entre 10.000 y 12.000 millones -según cálculos del Banco de España, AIReF o Fedea- que en el tiempo suma 15 puntos a la deuda pública, es decir, de deuda a futuro» por el gasto en pensiones consolidado en el tiempo, tal y como explica el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, a elEconomista.
Además, alerta que la revalorización de las pensiones supone «un empobrecimiento al resto de la sociedad»: los salarios, por regla general, no cuentan con cláusulas de actualización salarial con el IPC. A este factor se le suma la mayor presión en cotizaciones (0,6%) que soportarán empresas (0,5%) y trabajadores (0,1%). Es decir, las pensiones van a crecer a un nivel superior que los salarios, que hasta marzo crecen por debajo de la inflación y aún así tendrán que afrontar la revalorización completa.
En respuesta a la asunción de los gastos impropios, desde el Instituto Santalucía hacen referencia a la opinión de su Foro de Expertos en diciembre. «Aunque una de las recomendaciones del Pacto de Toledo en 2020 era clarificar el principio de separación de fuentes entre el Estado y la Seguridad Social, en la práctica ocurre lo contrario», criticaban entonces sobre los Presupuestos de 2022. Además de los complementos de pensiones mínimas o no contributivas, entonces se trasladaron «otros gastos del sistema por conceptos no detallados, con lo que no se aclara su naturaleza de gastos impropios, cuya suma se acerca a los 14.000 millones de euros. Esta falta de transparencia no contribuye a mejorar la certidumbre sobre la sostenibilidad ni clarificar la situación real del déficit».
Fuente Original: El Economista