Díaz propone obligar a las empresas de 25 o más empleados a darles entrada en el capital
El Ministerio de Trabajo ha presentado este lunes el informe sobre «democracia en el trabajo», encargado hace un año a una comisión de expertos internacionales. El documento, de 500 páginas, supone un «manual para democratizar las empresas españolas», según ha defendido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A partir de esta presentación, su departamento abrirá una mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para negociar la propuesta legislativa que ya viene formulada a grandes rasgos en el propio informe.
El objetivo es doble: que los trabajadores participen en la gobernanza de las empresas y que acceda a la propiedad «de los medios de producción». En concreto, según se detalla en el documento, los expertos proponen obligar a las empresas de a partir de 25 trabajadores a que la plantilla acceda a un porcentaje mínimo (del 2%) de las acciones de la entidad. El umbral asciende hasta el 10% para las empresas con más de 1.000 empleados. El informe propone que esta propiedad o/y gestión de las acciones por parte de los empleados se haga a través de un fideicomiso u «otro vehículo adecuado».
Respecto a la toma de decisiones, el informe plantea también umbrales legales mínimos. Para las empresas con entre 50 y 1.000 empleados, al menos un tercio de los puestos en el consejo de administración deberán estar ocupados por trabajadores y, para las empresas de más de 1.000, la mitad de los puestos. El documento plantea varias opciones para dar acceso a la participación, pudiendo delegar el peso del voto de la plantilla en el comité de empresa o en una representación de los trabajadores específicamente designada para estar representada en el consejo.
La presidenta de la comisión de expertos, la socióloga belga Isabelle Ferreras, ha incidido en que España se encuentra «entre los países menos desarrollados de la UE» en el ámbito de la democracia en la empresa porque en 18 de los 27 Estados miembros ya se reconoce legalmente el derecho de los trabajadores a estar representados en los consejos de administración. «España está a la cola del tren europeo», ha criticado, aunque no se ha realizado la misma comparación para la propuesta de acceso a la propiedad. Ferreras ha defendido al respecto que existe la «necesidad de transitar desde un régimen de poder extractivista centrado en el accionista» a un esquema democrático.
En esta línea, los expertos también plantean la creación de «fondos ciudadanos», también a nivel regional, gobernados por los trabajadores para adquirir acciones en crisis de sucesión, «evitando que empresas viables sean liquidadas o vendidas a fondos de inversión depredadores». Aunque estas son las medidas más llamativas, el documento contempla decenas más. No obstante, los propios expertos recomiendan al Gobierno que, «en lugar de imponer una ley rígida», se anuncien objetivos «con plazos definidos, otorgando a las empresas margen de maniobra para adaptar sus estructuras y cultura».
Un índice para medir la democracia en las empresas
Para comprobar si las empresas avanzan o no en la implantación de estas medidas, la comisión de expertos propone una herramienta de medición. Se trata de un «índice de desarrollo democrático corporativo» que mediría el establecimiento de los requisitos tanto a nivel de participación como a nivel de acceso a la propiedad empresarial. El comité de empresa sería el que recogería estos datos.
Según lo que marcara este índice para cada empresa, se premiaría a las más avanzadas y se desincentivaría la no implantación de las medidas a través de la discriminación en el acceso a incentivos fiscales, a menores tipos impositivos y a la contratación con las administraciones públicas (un sistema de incentivos tipo «bonus/malus»). Díaz ha defendido a preguntas de los medios de comunicación que el Ministerio de Trabajo es el que tiene competencia para desarrollar esta materia legislativa, al margen de lo que pueda opinar el Ministerio de Economía y otros en el proceso legislativo.
La vicepresidenta segunda ha insistido en que las propuestas de este lunes desarrollan el pacto de gobierno firmado entre PSOE y Sumar al inicio de la legislatura. Sin embargo, este solo contemplaba que «en línea con el artículo 129 de la Constitución y en el marco del diálogo social, impulsaremos una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas».
Es decir, solo se contemplaba explorar alguna medida en el ámbito de la toma de decisiones en las corporaciones y negociarla con empresarios y sindicatos, sin abordar el ámbito de la propiedad de las empresas. Dada la fragmentación parlamentaria y la amplitud del alcance de las medidas propuestas, es poco factible que tengan recorrido en el Congreso e incluso dentro del propio Gobierno, pero servirán para marcar perfiles políticos tras el fracaso de la reducción de jornada, que era la verdadera medida estrella del Ministerio de Trabajo esta legislatura.
Fuente original: El Confidencial