La España funcionaria se come a la emprendedora: los empleados públicos ya superan en 346.000 a los autónomos

España se ha convertido en el gran motor de creación de empleo de la zona euro. Con la ocupación en máximos históricos, podría concluirse que a todos los tipos de trabajadores les ha ido muy bien y crecen en cantidad. Sin embargo, cuando se analizan los datos en profundidad se puede observar una tendencia cuando menos curiosa y que dice mucho del tipo de economía o país que es España. La brecha entre empleados públicos y autónomos no ha parado de crecer en los últimos años. Dos fuerzas opuestas están generando esta situación. Ser autónomo es cada vez una aventura más compleja en la que la ecuación rentabilidad riesgo en España no es atractiva (mucho trabajo y riesgo para pocas probabilidades de éxito). Sin embargo, ser empleado público parece ser una opción bastante más ventajosa (estabilidad, sueldo competitivo, jornadas laborales menos extensas…) y los datos así lo avalan. La España funcionaria se ha comido a la emprendedora.

Esto no siempre fue así. Como se detalla más adelante, hubo una época en la que España jugaba en la ‘Champions’ de la economía global, siendo la octava potencia del mundo, creciendo a un ritmo que superaba con creces al de buena parte del mundo desarrollado y donde miles de españoles (y extranjeros que llegaban desde fuera) soñaban con crear un pequeño patrimonio emprendiendo como autónomos. Esos años, los previos al estallido de la burbuja, vieron como el número de trabajadores por cuenta propia se disparó, mientras que la tasa de paro en España caía a niveles no vistos jamás durante la democracia. Sin embargo, un enorme jarro de agua fría enterró estas expectativas de golpe y porrazo, destruyendo cientos de miles de empleos (también autónomos) y generando una suerte de miedo o estigma que se mantiene hasta hoy. Este ‘miedo’, junto a una legislación que no facilita el emprendimiento, ha llevado a que buena parte de los españoles prefiera hoy trabajar duro para conseguir un puesto estable y bien remunerado (ser funcionario), renunciando al sueño de emprender. En España, la ecuación rentabilidad riesgo del emprendimiento no sale a cuenta.

Si atendemos a las estadísticas de empleo con los datos fríos y puros se puede corroborar la historia anterior. España es una economía en el que hace varios años que se prefiere recibir un sueldo estable de las administraciones públicas a iniciar un negocio. A cierre de 2025 había 3,64 millones asalariados del sector público un 1,4% más que hace un año y su máximo histórico, frente a 3,29 millones trabajadores por cuenta propia, que si bien han crecido están muy lejos de su récord. Hay una diferencia de 346.000 ocupados entre ambas cifras: es la brecha más amplia para un cierre de año cuando antes de la pandemia, en 2019, apenas llegaba a 141.000.

En los últimos años, hemos naturalizado tanto esta brecha que olvidamos que antes de la Gran Recesión la situación era la inversa. A cierre de 2007 llegó a haber 650.000 autónomos más que trabajadores públicos. Contra lo que cabría esperar, la recuperación no ha revertido este desplome, solo lo ha agravado. Habría que remontarse al periodo entre 2012 y 2017 para encontrar los últimos años en los que hubo más autónomos que trabajadores públicos, aunque desde la perspectiva actual queda clara que aquel lustro fue un espejismo en el desierto que los emprendedores atraviesan desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

En un contexto de récord de ocupación, y a diferencia de lo que ocurre con los asalariados del sector público y el privado, los trabajadores por cuenta propia son el único colectivo de profesionales cuyas cifras no se sitúan en máximos históricos. Para ellos, su cúspide se alcanzó hace veinte años, en 2006, con 3,65 millones de ocupados, 356.000 más que a cierre de 2025, una diferencia del 9,8%. Entonces había 650.000 asalariados públicos y 1,5 millones del sector privado menos que hoy. Con ello, los trabajadores por cuenta propia han pasado de representar el 17,6% al 14,6% del empleo, su mínimo histórico para el cuarto trimestre de cualquier año.

Aunque si nos remontamos a toda la serie histórica de la EPA vemos que su peso en el empleo llegó a rozar el 20% en 2002 lo que apunta a que la decadencia del emprendimiento en España es algo que se venía gestando antes del estallido de la crisis. Aunque en aquellos años quedó enmascarada por el crecimiento en cifras absolutas del empleo y la economía. Muchos de sus problemas ya estaban ahí: fiscalidad, cotizaciones desconectadas de sus ingresos reales, retrasos en los pagos o un ‘colchón social’, sobre todo en materia de pensiones y empleo, menor que el de los asalariados. Pero el ‘boom’ de la construcción y actividades derivadas hacía que no fueran un desincentivo tan claro como hoy.

Por su parte, el empleo público también experimentó un notable crecimiento en los primeros años del siglo (lo cual es paradójico si tenemos en cuenta la gran oleada de privatizaciones de empresas públicas que España había acometido para entrar en el euro), si bien siempre por debajo del autónomo. Entonces, al igual que hoy, el empleo público se seguía considerando garantía de «empleo para toda la vida», pero el dinero lo ganaban los emprendedores. Y lo encontraban en el ladrillo.

Pero en 2008 este status quo saltó por los aires. Cuando estalló la crisis financiera y el grifo de crédito se cerró en seco, cientos de miles de pequeños proyectos echaron la persiana. Entre 2007 y 2011 se perdieron el 18% de los trabajadores por cuenta ajena y bajaron, por primera vez desde que hay registros comparables, del umbral de los 3 millones.

Blindados ante las crisis

Por el contrario, los trabajadores públicos no parecían afectados por la crisis, todo lo contrario. No solo hablamos de funcionarios: el gasto público se vio como la solución para intentar salvar empleos con obras públicas financiadas mediante fórmulas como el infame Plan E. Pero aquella estrategia se reveló como un regalo envenenado cuando los problemas en los sectores inmobiliario y financiero derivaron hacia una crisis de deuda motivada por la amenaza que el disparatado déficit economías como la nuestra suponía para la supervivencia del euro.

En 2012 cambia la coyuntura, vuelve a dar otro giro. Aunque en sus últimos años el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya había empezado a hacer ajustes y recortes para contentar a Bruselas, fue su sucesor, el de Mariano Rajoy, el que aplicó los más intensos. Medidas como la congelación de la tasa de reposición de los funcionarios llevaron a una caída del empleo público en todas las administraciones.

En paralelo, para impulsar el emprendimiento, se creó la ‘tarifa plana’ de 50 euros en cotizaciones sociales para las nuevas altas de autónomos. Aquí hubo un ‘efecto llamada’. Muchos desempleados que no lograban ser contratados buscaron suerte por esta vía, lo que explica que durante varios años los trabajadores por cuenta propia tomaran de nuevo la delantera a los funcionarios. Pero esto no duró. La tarifa plana sigue hoy en vigor, pero pronto quedó claro que cuando el empleo se recuperó, ser asalariado volvía a ser la opción mayoritaria. Y cada vez más en el sector público.

A lo sumo se puede decir que los autónomos se estabilizaron, pero no recuperaron ni de lejos los niveles previos a la crisis. Por su parte, los empleados públicos empezaron a crecer de nuevo a partir de 2017, cuando Bruselas relajó as exigencias sobre España y el resto de ecónomas del euro. El Gobierno del PP, que aprobó en soledad los ajustes y ahora se veía sin mayoría absoluta y cercado por la sombra de los escándalos de corrupción, pactó in extremis unos Presupuestos expansivos con el PSOE y otros socios nacionalistas para 2017. Para entonces, según los datos de la EPA, los funcionarios ya habían vuelto a empatar con los autónomos.

Pero aquella efímera segunda legislatura acabó con la moción de censura de Pedro Sánchez en julio de 2018. Y desde entonces han crecido con mucha mayor intensidad. El empleo público se ha convertido en uno de los motores del crecimiento del empleo en España en los últimos años. Sin ir más lejos, el último dato de la EPA revela que en un solo trimestre los empleados públicos han aumentado en casi 100.000. Esto tiene un coste relevante para el Estado. La partida de salarios públicos no para de batir máximos históricos y ya se sitúa muy por encima de la media de la zona euro en términos de PIB.

El caso de los empleados públicos, que ya superan los 3,6 millones, también queda evidenciado en las cuentas públicas. Según datos de Eurostat, la agencia de estadística de Bruselas, el gasto en salarios públicos se ha multiplicado por más de tres en España desde 1995. Se prevé que en 2025 haya superado la barrera de los 180.000 millones de euros, frente a los 51.300 millones de 1995. Esos 180.000 millones representan a día de hoy alrededor del 11,32% del PIB, una cifra que supera de forma holgada la media del 9,7% del PIB que gasta la eurozona en pagar los salarios de los empleados públicos.

Fuente Original: El Economista